A su juicio, los hechos sucedidos presuntamente en este centro "están adquiriendo una gravedad política inusitada conforme se va conociendo más datos".

"No parece que estemos ante un episodio ocasional de agresión sexual, sino ante toda una práctica institucionalizada. Las declaraciones de las trabajadoras de la limpieza, así como las denuncias e informes anteriores, nos indican que ha habido, como mínimo, una dejación en el control de las condiciones de internamiento de estas mujeres", comentó.

Según Garrido, la gota que ha colmado el vaso es la expulsión de algunas de las emigrantes agredidas, "que han de ser testigos fundamentales en el proceso contra los policías implicados. Resulta inexplicable que se dificulte de manera casi insuperable el testimonio de estas personas con la orden de expulsión".

"En los sucesos del CIE de Málaga confluyen la violencia de género con la agresión xenófoba contra emigrantes", agregó el diputado, "y todo esto realizado por policías, que habrían de ser los que vigilen que este tipo de hechos no ocurran y, de ocurrir, los persigan. Es como si todo un departamento de bomberos se dedicara a prender fuegos a diestro y siniestro".

Según Los Verdes, "no estamos sólo ante la responsabilidad penal individual, que se debe establecer ante los tribunales, sino ante una responsabilidad institucional y política que hay que establecer en sede parlamentaria, para evitar las condiciones que han hecho posible estas conductas aberrantes por parte de miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por ello, el diputado de Los Verdes solicitará a principio de septiembre la constitución en el Congreso de los Diputados de una comisión parlamentaria de investigación sobre los sucesos del CIE de Málaga.

Asimismo, considera que el actual centro debe ser cerrado, por no reunir las mínimas condiciones para la función que ha sido previsto, y pide que la dirección y la atención a las mujeres emigrantes recaiga en mujeres policías, lo que evitaría sucesos como los denunciados.