"Ante este ataque a nuestra actividad política y a nuestros derechos fundamentales, solicitamos amparo a la Presidencia y le instamos a investigar quién está detrás de esta intrusión en nuestros dispositivos telefónicos y a tomar las medidas oportunas para que un hecho similar no se pueda volver a producir", termina la misiva, que está fechada el pasado día 21, pero que hoy divulgaron las fuerzas políticas de los afectados.

Los firmantes aseguran haber "tenido conocimiento de que hemos sido víctimas del spyware Pegasus, incluso durante esta misma legislatura", lo que habrían confirmado las investigaciones internacionales publicadas al respecto, las cuales corroborarían, de acuerdo con la carta, que "este caso de espionaje político es hasta el momento el más importante en número de personas afectadas que se ha certificado en Europa".

"Un hecho doblemente grave es que entre las más de 60 personas espiadas hay varios cargos públicos en ejercicio de su cargo, entre ellos nosotros", sostienen los cuatro diputados. "Como miembros de las Cortes Generales, consideramos que no solamente se nos habrían vulnerado nuestros derechos fundamentales, a cuya protección sirven nuestras prerrogativas parlamentarias, al vulnerarse las garantías para poder hacer un trabajo político en libertad".

"La libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones, la intimidad, la libre formación de la voluntad política y la libre expresión de la misma han quedado gravemente comprometidas y amenazadas. Con ellas, el pluralismo político y la democracia. De hecho, habida cuenta de las relaciones políticas que se mantienen por parte de estos grupos con el resto de las fuerzas políticas, indirectamente este caso de espionaje ha supuesto un ataque a todo el Congreso de los Diputados y a su funcionamiento efectivo", aseguran los firmantes, antes de terminar el texto con la petición de amparo y de investigación que trasladan a Batet.