Así lo aseguraron desde el ministerio horas después de que el ministro reclamase a Pardo Piqueras explicaciones sobre un documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) habría entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en el que se señalaba a las Fuerzas de Seguridad de Marruecos por haber guiado la entrada masiva, incluso con agentes de paisano, y con un fin distinto al migratorio, lo que contradecía la versión que mantiene el Gobierno, que rechaza cualquier implicación de Marruecos en este episodio.

En concreto, detallan que la magistrada "dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe", por lo que el director general de la Policía "no tuvo conocimiento previo del mismo".

Sin embargo, señalan que hoy la jueza autorizó al equipo investigador a "dar acceso a sus superiores a dicho informe", por lo que Pardo Piqueras reclamó los documentos a las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras. Tras esto, una vez comprobados los mismos, el director general de la Policía comunicó al ministro del Interior que en ninguno de los informes elaborados se atribuye a los gendarmes marroquíes "la planificación o ejecución" de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta, como publicaron varios medios anoche.

Al mismo tiempo, Interior también hace referencia a otras informaciones que apuntaban a que el Cenif avisó el 29 de julio a los puestos fronterizos de una posible avalancha, detallando que el responsable de la Policía explicó que únicamente se trató de "una alerta de riesgo frecuente" y que "no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente".

Fue esta madrugada cuando Marlaska remitió un escrito a Pardo Piqueras en el que le pedía explicaciones sobre ese informe que culpaba a Marruecos, señalando que, de ser cierto, debería haberse puesto "de inmediato a disposición” de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, del mando único para esta crisis, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de los demás órganos con competencias en este ámbito.

Poco después, tanto Torres como el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidieron "cautela" a la espera de analizar "en profundidad" dicho documento de cara a exigir posibles responsabilidades, dejando claro que no tenían constancia del mismo y que se habían enterado por los medios de comunicación.