Según esta comisión, estas medidas constituyen, en muchos casos, una forma más de discriminación, que impide a los discapacitados ejercer su derecho a trabajar, viajar,entablar relaciones de pareja, hacerse cargo de sus hijos o ser escolarizados, para evitar cualquier riesgo derivado de estas actividades.

El presidente de la comisión, Bert Massie, ha subrayado que tras estas medidas preventivas excesivamente protectoras, se oculta el temor de muchas empresas y organizaciones a ser demandadas.

Por ello, han puesto en marcha la campaña "¿De quién es el riesgo?" con el objetivo de obtener información de los propios afectados y sensibilizar a la opinión pública sobre el alcance de estas prácticas, que limitan la autonomía y la toma de decisión de las personas con minusvalías.