El portavoz de la Drección General de la Policía, Manuel Jiménez, reconoció hoy que los siete detenidos disponían en su red informática de más datos que los acumulados en el famoso ordenador "Berta" del Ministerio de Economía, ya que tenían "fichados" a 21 millones de españoles.

Los agentes investigan actualmente las repercursiones del delito, ya que los funcionarios que vendieron la información podrían ser acusados de cohecho, descubrimiento y revelación de datos oficiales, tema sobre el que existe un vacío legal, aunqe el Parlamento está tramitando la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos Personales (LORTAD).

La operación comenzó hace meses, cuando un ciudadano, llamado Manuel, recibió en su casa una carta publicitaria con su segundo nombre, Algimiro, que sólo conocen su familia y la Seguridad Social. Tras ello, presentó una denuncia y el recién creado Grupo de Fraudes de la Sección de Delincuencia Económico-Financiera comenzó a indagar.

21 MILLONES DE NOMBRES

Ayer, los agentes sadaron el caso con el arresto de los siete integrantes de la red y la incautación de cientos de cintas informáticas, que contienen los datos de 21 millones de españoles de todas las clases sociales, edades e ingresos económicos.

Los arrestados son el "cerebro" de la operación y chófer de profesión, Joaquín G.L., además de Carlos A.O., Rosa María C.O, Gabriel U.G., Aníbal M.C., Ricardo A.V. y Alfonso M.M.

Todos ellos trabajaban en las empresas Publiges y Datamail, desde las que canalizaban los dato obtenidos en los distintos organismos con potentes ordenadores, valorados en más de mil millones de pesetas.

Los acusados operaban desde la calle Juan de Juanes, de Móstoles; Tórtosa, en las Rozas, y en las de Baeza y Galatea, en Madrid capital.

Entre las abundantes cintas intervenidas, algunas tenían carátulas que especificaban su contenido: los propietarios de los mejores coches de Madrid, los jubilados o los deportistas aficionados.

Los detenidos han quedado a disposición del Juzgado Cenral número 3 de la Audiencia Nacional, encargado de los delitos monetarios.

Pese a ello, el vacío legal que existe sobre el tema dificulta acusar a las empresas que adquirieron datos a la organización, donde figura información confidencial de bancos, censo, sanidad, tráfico u otros de los que ni siquiera dispone la policía, según señaló su portavoz.