La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) reconoció como un triunfo propio la reducción en 200.000 pesetas del rendimiento bruto para poder acceder a los ceses anticipadas, como ya anunció ayer Servimedia.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) consideró que la nueva norma sólo busca laagrandar las explotaciones y olvida la dimensión social, ya que limita la jubilación a los agricultores mayores de 60 años y no a los 55 como permite la CE.

El decreto exige que los agricultores titulares tengan un margen bruto (rendimiento) por explotación superior a 796.800 pesetas y a cambio recibirán una renta anual de 750.000 pesetas, si tienen cónyuge a su cargo, de 650.000 si no lo tiene, o de un millón si ambos se retiran de la actividad.

Asimismo, recibirán una prima anual por hectárea cdida de 8.000 pesetas, sin sobrepasar las 300.000. A partir de los 65 años y hasta los 70 los titulares que abandonen la actividad recibirán un complemento anual de jubilación, a realizar según unos baremos que tienen en cuenta los ingresos que recibe.

El Ministerio de Agricultura afirmó que en cinco años esperan jubilar a 30.000 agricultores, de los 200.000 comprendidos entre los 60 y 65 años, ya que sólo podrán acogerse aquellos que cedan su explotación a otros y de la unión resulte una finca más retable, aunque podrán quedarse con un 10 por ciento de su tierra para consumo familiar.

En concreto en 1993 la Administración española tiene previsto emplear 5.000 millones de pesetas y jubilar a 6.000 agricultores. El decreto supone un aumento de las ayudas en un 18 por ciento respecto al hasta ahora vigente, debido a los fondos comunitarios previstos en las medidas de acompañamiento de la PAC (Política Agraria Común).

Este nuevo programa de jubilaciones anticipadas viene a sustituir al aplicado esde febrero de 1991 y que no ha cumplido las expectativas del Ministerio de Agricultura: sólo se acogieron 2.113 agricultores mayores de 60 años.

ACEPTACION Y CRITICA

Las organizaciones agrarias mostraron puntos de vista divergentes sobre la norma. La UPA destacó que las movilizaciones de la "marcha verde" han hecho que el Gobierno sea receptivo "al clamor de los pequeños agricultores y ganaderos y haya aprobado un texto que no excluye a éstos de estas ayudas, como sucedía en los borradores inicials".

En un comunicado, este sindicato agrario adscrito a UGT reconoce como un triunfo que se puedan revisar las tablas existentes para el cálculo del margen bruto de las explotaciones cuando no refleje el rendimiento real y que se incrementen las indenmizaciones mínimas, que se sitúan entre 678.000 y 878.000 pesetas anuales.

En cambio, la COAG criticó la complejidad técnica del decreto, ya que a su juicio no se ajusta a la realidad de las explotaciones de nuestro país, y afirmó que el tamaño de ésas debía medirse por las unidades de trabajo empleadas.

Su coordinador general, José Luis González, afirmó que la nueva norma "es un muro que impide el acceso de los agicultores, con el agravante de que las indemnizaciones están por debajo de lo contemplado en la CE y además desaprovecha una cofinanciación comunitaria que es ilimitada para este tipo de programas".