Según explicaron, con el cierre pretenden dejar patente la "gravedad que supone el imponer unas limitaciones que van contra las libertades amparadas por la Constitución española".

A juicio de los exhibidores y distribuidores independientes, que afirman que la ueva normativa se ha desarrollado a sus espaldas, las medidas que recoge el decreto son "precipitadas" e impuestas por el Gobierno.

En declaraciones a Servimedia, los representantes de estos colectivos consideran que no sirve de nada ayudar a los fabricantes del producto audiovisual mientras se deja morir a quienes deben venderlo.

Las críticas al decreto se centran fundamentalmente en la consideración de que, dado que la nueva legislación equipara la obra cinematográfica española a la de los demá países de la Unión Europea, si las películas españolas no alcanzan la recudación mínima exigida las licencias se ocuparán con cine europeo en versión original, que cuenta con una escasa aceptación entre el público español.

Los distribuidores opinan que el texto aprobado es una maniobra de los productores, que quieren hacer negocio obligando a las multinacionales a comercializar las películas que ellos hagan, y que este cambio en el mercado provocará la disminución de público y el cierre inmediato de alas de pequeñas poblaciones.

Según las mismas fuentes, las cuotas de pantalla que exige la nueva normativa, lejos de recortar los privilegios de las grandes multinacionales americanas en beneficio de las entidades nacionales, lo que hacen es poner en manos de los americanos toda la distribución y hundir a los pequeños empresarios españoles.