Así lo afirmaron en un comunicado en el que se hacen eco de "numerosos testimonios" que han recibido en los últimos meses "de docentes que relatan con angustia la presión, el hostigamiento y la persecución que sufren por utilizar el castellano en el ejercicio de su labor docente o en su comunicación cotidiana con alumnos y compañeros". "Profesores señalados, advertidos por escrito, vigilados por sus propios equipos directivos o inspección, sometidos a presión psicológica y aislamiento profesional por el simple hecho de hablar en la lengua oficial del Estado", continuaron las asociaciones.

"La Generalitat de Catalunya incumple de forma reiterada y deliberada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que han determinado de forma clara que el sistema educativo catalán debe ser de conjunción lingüística, en el que catalán y castellano sean ambos lenguas vehiculares, de docencia y comunicación", protestaron, en referencia a que las recientes sentencias del TSJC de abril y septiembre de 2025 anulan las instrucciones y el decreto lingüístico del Govern por vulnerar los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución, "al imponer el catalán como única lengua de uso en las aulas, en las relaciones internas y en la documentación de los centros".

"A pesar de estas resoluciones, la administración catalana ha puesto en marcha mecanismos de vigilancia y control ideológico, como las denominadas ULAE (Unitats de Llengua i Aprenentatge Escolar) y grupos de seguimiento lingüístico, cuya función real es fiscalizar y denunciar el uso del castellano no solo en el aula, sino también en las relaciones personales entre profesores y alumnos", añadieron las asociaciones, para quienes estas prácticas recuerdan a "sistemas de delación impropios de una democracia avanzada y atentan directamente contra la libertad de cátedra y de expresión del profesorado".

Además, denunciaron que la Inspección educativa y algunos equipos directivos, "lejos de proteger a los docentes, están actuando como comisarios políticos del Departament, elaborando informes, presionando y sancionando de facto a aquellos profesores que no se pliegan al dogma del monolingüismo".