La formación que dirige Inés Arrimadas presenta esta iniciativa después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya sentenciado que el régimen laboral de estas trabajadoras es discriminatorio porque les niega el derecho al paro.

En España, una de cada tres empleadas del hogar trabaja en negro, según estudios recientes y, por ello, no pudo recibir la ayuda extraordinaria impulsada por el Gobierno de España para este colectivo durante la crisis de la covid.

Ciudadanos propone traer a España el 'chequeo empleo de servicios universal' que puso en marcha Francia en 2006, que articuló un sistema de contratación de servicios particulares a domicilio por el cual se le facilitaba al empleador un talonario para remunerar los servicios contratados y un formulario para informar a la administración de los servicios disfrutados.

Según el partido, “la simplicidad administrativa de este sistema de contratación, así como las numerosas ventajas fiscales que lo acompañan, lo convierten en una herramienta muy interesante para hacer frente a la precariedad laboral que sufren miles de trabajadores en España, aflorar empleo sumergido y promover a medio plazo la profesionalización y calidad de los servicios que prestan estos trabajadores”.

Ciudadanos defiende además que la implantación del ‘cheque-servicio’ vaya acompañado “de las deducciones fiscales necesarias a los empleadores para garantizar la eficacia de esta medida”.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, declaró días atrás que después de la sentencia del TJUE, el Gobierno podría acelerar acabar con la exclusión que sufren las empleadas de hogar en la prestación por desempleo, que el Ejecutivo tenía previsto para antes de que acabara este año.

Pérez Rey explicó que “sin la irrupción de la sentencia, la planificación normativa que tenía el Ministerio era” la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleados y empleadas domésticos este mismo año que ahora está siendo estudiado por el Consejo de Estado para ser remitido posteriormente a las Cortes.