Según informaron este sábado ambas asociaciones a través de un comunicado conjunto, han presentado un recurso de reposición contra el documento notificado por la Fiscalía General del Estado (FGE) que asume el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial sobre la falta de respaldo normativo de la huelga.

La AF y la APIF denunciaron que García Ortiz está "cercenando" el derecho de huelga al exigir a los fiscales jefes que garanticen todas las actuaciones judiciales donde la falta de intervención fiscal pueda causar perjuicios a los ciudadanos.

A juicio de estas asociaciones, el fiscal general estableció unos servicios mínimos "tan amplios que imposibilitan el ejercicio del derecho de huelga" y lo hace depender de que pare el juez correspondiente, "convirtiendo al fiscal en mera comparsa del juez".

AMENAZA DE REPRESALIAS

Las asociaciones criticaron que el FGE haya solicitado a las jefaturas que informen a la inspección fiscal sobre las incidencias durante la huelga, lo que interpretan como una forma de "provocar la zozobra y el desaliento de la plantilla" ante posibles represalias.

La huelga fue convocada como protesta contra las reformas legislativas del Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal, al considerar que ponen en riesgo la independencia judicial y el equilibrio institucional.

García Ortiz recordó a los fiscales que, aunque no puede fijar servicios mínimos, deben garantizar que el paro no perjudique los derechos de los ciudadanos y mantener las actuaciones esenciales y señalamientos previos programados.

Las asociaciones fiscales recordaron que el derecho de huelga que reivindican fue reconocido junto al resto de asociaciones de fiscales en noviembre de 2018, incluso por la asociación que en su día presidió el actual fiscal general.