Según informó el Instituto Armado, la operación se inició en marzo, cuando los agentes detectaron varios grupos cerrados en una plataforma de mensajería, donde se organizaban ‘quedadas virtuales’ para compartir imágenes de carácter íntimo, principalmente de mujeres jóvenes, sin su conocimiento ni consentimiento.

En estos espacios se aleccionaba a los participantes, proporcionando instrucciones precisas sobre cómo obtener dicho contenido mediante engaño, suplantación o intrusión en dispositivos personales, además de fomentar la creación y el intercambio constante de este material en un contexto de absoluta impunidad y anonimato.

Continuando con las investigaciones, los agentes identificaron a dos varones, uno de ellos administrador de varios canales, así como a un total de 27 víctimas, a las que habían grabado sin su conocimiento o que habían sufrido accesos ilícitos a sus dispositivos informáticos para el robo de imágenes.

La mayoría de estas víctimas residía en la ciudad de Logroño, aunque también se localizaron casos en las provincias de Albacete, Guipúzcoa, Navarra, Palencia, Soria, Vizcaya y Zaragoza.

CÁMARAS EN PISOS

Durante el transcurso de la operación, los agentes constataron que los detenidos llegaron a instalar sistemas de videovigilancia ocultos en pisos de estudiantes que compartían con algunas de las víctimas, en alojamientos utilizados durante viajes con amigos e incluso en viviendas particulares de otras afectadas, aprovechándose de la confianza personal que mantenían con ellas.

De esta manera espiaban y grababan de forma continuada escenas de la vida privada más íntima, sin que las víctimas, algunas de ellas menores de edad, sospecharan nada. Posteriormente, difundían esas grabaciones en grupos cerrados de mensajería instantánea

En otros casos mantenían relaciones sentimentales con las víctimas para recurrir a videollamadas de contenido sexual y poder capturar pantallas o grabar las llamadas sin autorización, empleando aplicaciones externas diseñadas para registrar la actividad en pantalla sin que la otra persona lo supiera.

CLASIFICACIÓN DE LOS VÍDEOS

Las imágenes y vídeos de las víctimas eran clasificados en carpetas independientes, organizadas según varios criterios como el nombre de la víctima, su lugar de residencia o el tipo de relación que mantenía con cada una de ellas, como amistosa, sentimental, académica, etc.

Además, se constató que parte de este material fue intercambiado o vendido a terceros con fines personales o económicos.

A los detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de revelación de secretos, vinculados a graves vulneraciones del honor, la intimidad personal y el acceso ilícito a sistemas informáticos.