El magistrado Manuel Marchena acordó abrir diligencias previas para investigar los hechos, que la Sala de Admisión calificó indiciariamente, en auto del pasado octubre, como constitutivos de esos presuntos delitos. El Supremo ya ha realizado los trámites con la Eurocámara para poder citar al parlamentario.

Los eurodiputados querellantes son Diego Solier y Nora Junco, que tras sus diferencias con Alvise dejaron el partido y se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos.

Ambos denunciaron que venían siendo víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise había publicado sobre ellos en un podcast y en su perfil de Telegram, y que llegaron a "temer por su integridad física" después de que su antiguo jefe de filas revelara datos sobre los lugares que frecuentaban.

Además, acreditaron que tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, que les generaron "una continua sensación de inseguridad", y les empujaron a modificar "sus hábitos o rutinas".

CUATRO CAUSAS

En apenas año y medio año, el líder de Se Acabó la Fiesta ha acumulado cuatro causas en el Tribunal Supremo (TS). Se trata de investigaciones que van desde la supuesta financiación ilegal de la formación hasta esta de acoso a sus dos excompañeros de escaño.

El Supremo solicitó el suplicatorio de suspensión de inmunidad para poder investigar al eurodiputado por un presunto delito electoral y de supuesta financiación irregular de campaña a las elecciones europeas, en las que obtuvo tres escaños.

Además, el Supremo investiga a ‘Alvise’ Pérez por la difusión de una PCR falsa del que fuera ministro de Sanidad y actualmente presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La cuarta de las causas por las que está siendo investigado el agitador de ultraderecha es una abierta por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Las discrepancias de ‘Álvise’ Pérez con los dos eurodiputados de su lista comenzaron cuando el Tribunal Supremo empezó a investigar la entrega al líder de SALF de un maletín con 100.000 euros por el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CriptoSpain'. Esa cantidad, que sirvió presuntamente para sufragar la campaña de las europeas, no quedó reflejada en ninguna contabilidad ni consta en documento alguno.

Romillo fue detenido en septiembre de 2024 por una presunta estafa piramidal a cientos de clientes. Una vez descubierto, decidió confesar y colaborar con la Justicia. Es en ese momento cuando el empresario explicó que había entregado a ‘Alvise’ esos 100.000 euros en efectivo para “gastos personales”.

En el caso de la publicación de una prueba PCR de covid-19 falsa del exministro Salvador Illa, está siendo investigado por un presunto delito de falsedad documental y por otro de injurias. ‘Alvise’ negó haber sido el autor de la falsificación del documento que se difundió en plena campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña y defendió que se limitó a difundir un documento que “circulaba masivamente” por redes sociales.

Finalmente, 'Alvise' Pérez tiene abierta otra causa por un supuesto delito de injurias a funcionario público y otro de coacciones contra Susana Gisbert, delegada de delitos de odio y discriminación de Valencia, que lo denunció como autor de mensajes en su contra a través de Telegram. La fiscal alegó que el líder de SALF llamó a que sus entonces 40.000 seguidores expresaran su odio contra ella con el objetivo de alterar el normal desarrollo de su vida profesional y personal.