Así lo reivindicó en un comunicado en el que, ante la intención del Gobierno de llevar este martes al Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto-ley en materia de vivienda, exigió que la actual "oportunidad legislativa" se "traduzca" en una protección "efectiva" para las personas y familias que afrontan "mayores dificultades" para acceder y mantenerse en una vivienda.

Para EAPN-ES, los datos "justifican" que el nuevo Real Decreto-ley incorpore mecanismos temporales de contención de los precios del alquiler, que permitan frenar el crecimiento del sobreesfuerzo residencial mientras se desarrolla una hoja de ruta de mayor alcance para recuperar la asequibilidad.

Junto a ello, EAPN-ES ve "prioritario" reforzar la protección frente a los desahucios de personas y familias vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional adecuada.

"Las medidas extraordinarias desplegadas en los últimos años han mostrado la utilidad de estos mecanismos de protección, sin embargo, un problema estructural no puede depender indefinidamente de sucesivas soluciones excepcionales", defendió.

ESTABILIDAD

La Red reclama también ampliar el marco de la vulnerabilidad y mejorar la estabilidad temporal de los contratos de alquiler, incorporando mecanismos "más eficaces" de protección frente a la expulsión residencial y evitando que determinados procesos de transformación urbana, incluida la rehabilitación energética, deriven en fenómenos de gentrificación verde que terminen desplazando a la población con menos recursos.

"La incertidumbre ante la finalización del contrato, unida al encarecimiento de las nuevas rentas, puede generar procesos continuos de desplazamiento de los barrios y territorios donde las personas han construido sus redes familiares, sociales, educativas, laborales y de cuidados", lamentó.

En la misma línea, señaló que España ha asumido obligaciones nacionales e internacionales en materia de vivienda adecuada y "compromisos explícitos de reducción de la pobreza". "Sin embargo persiste una importante distancia entre el reconocimiento formal de estos derechos y las condiciones de vida de una parte de la población", denunció.

A este respecto, puntualizó que la aprobación del real decreto-ley por el Gobierno y su posterior debate en el Congreso sitúan a los poderes públicos ante una responsabilidad política "clara" con la ciudadanía que se encuentra en las situaciones de "mayor vulnerabilidad". "Los compromisos asumidos deben traducirse en políticas capaces de evitar que una persona pierda su hogar por no disponer de recursos suficientes y de impedir que el precio de la vivienda siga absorbiendo una parte inasumible de los ingresos familiares", agregó.