Este fondo repercutiría en cada zona de alto potencial para el desarrollo de energía eólica marina (Zaper, en la jerga técnica) y estaría alimentado por un canon a la generación de cada proyecto. El dinero iría a financiar iniciativas que fomenten el desarrollo socioeconómico sostenible y la protección ambiental de la zona y las comunidades locales afectadas.

Esa es una de las propuestas de esas cinco organizaciones ante el borrador de real decreto en el que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para regular la producción de energía eléctrica en instalaciones ubicadas en el mar.

Las ONG apuntan que ese borrador “avanza en la dirección correcta, pero es insuficiente para la conservación del mar y la participación social”, por lo que demandan mejoras en la regulación de la eólica marina.

Valoran que el texto aluda a procesos de participación o incluya criterios no financieros para compatibilizar el desarrollo renovable con el mar, pero precisan que “se queda lejos” de garantizar un despliegue de energía renovable marina capaz de asegurar la conservación de los mares y tener en cuenta a las personas en su desarrollo.

Por ello, han presentado sus observaciones al proyecto de real decreto con cinco aspectos clave. Uno de ellos es el de la creación de un fondo público que costee la energía eólica marina.

Otro se refiere a que los aspectos ambientales y sociales de los promotores tengan un mayor peso en la puntuación de las subastas (un 50% y un 25%, respectivamente), en lugar del 30% recogido en el borrador de real decreto. Para ello, plantean modificar la Ley del Sector Eléctrico, de 2013.

LIMITACIÓN DE PROYECTOS

El tercer asunto es limitar el despliegue de la eólica marina a las Zaper, así como su apertura de forma escalonada, con prioridad para las que representen un menor grado de impacto ambiental.

Cada Zaper estaría sujeta previamente a una evaluación ambiental para establecer un número máximo de aerogeneradores que podrían desarrollarse y su ubicación óptima dentro del área. Y se excluiría cualquier proyecto que pudiera colindar o solapar con Zonas de Uso Prioritario para la Biodiversidad.

El cuarto aspecto se refiere a desarrollar y fijar las condiciones de concurrencia competitiva, y el quinto, a definir obligatoriamente el diálogo público-privado en un proceso con participación de las comunidades locales y las asociaciones de defensa del medio ambiente, además de los sectores y administraciones públicas afectados.