Según informó hoy la organización ecologista en un comunicado, la citada directiva establece en su artículo 3, párrafo 3, que una prolongación del plazo par la entrada en vigor de la prohibición del uso de gasolina con plomo se concederá "si se puede demostrar que la prohibición implicaría graves dificultades socioeconómicas".

Los Estados miembros, para lograr dicha moratoria, aludían al elevado parque de vehículos antiguos que todavía están circulando y que necesitan gasolina con un grado de octano mucho más elevado que el permitido por la directiva, además de necesitar el plomo para evitar que se produzca el fenómeno de recesión del asiento de las válvlas.

Sin embargo, Ecologistas en Acción considera que la aplicación de esta directiva en otros países ha demostrado que los aditivos utilizados en la gasolina, en sustitución del plomo, son suficientes para proteger las válvulas y su coste no es elevado.

Por otra parte, los ecologistas apuntan que la Administración viene incentivando la renovación del parque automovilístico con el plan Prever, que supone una subvención de 80.000 pesetas, que podrían utilizarse para subvencionar la adaptación de ls coches antiguos al uso de gasolina sin plomo, cuyo coste ronda las 100.000 pesetas. "Por todo ello, no es demostrable que la entrada en vigor de la prohibición de la gasolina con plomo, contemplada en la directiva, pueda causar graves problemas socioeconómicos", indican en el comunicado.

"Aunque la Comisión Europea reconoce que ninguno de los argumentos presentados por España, Italia y Grecia son motivo suficiente para retrasar la entrada en vigor de esta prohibición, ha concedido a estos países dosaños más de moratoria, lo que supone una decisión política que va claramente en contra de la directiva. Por este motivo, Ecologistas en Acción estudia la posibilidad de interponer una demanda contra la Comisión Europea ante el tribunal de Luxemburgo", agregan.

Por otra parte, Ecologistas en Acción iniciará acciones legales en el Estado español para recurrir la solicitud de prórroga presentada por el Gobierno a la Comisión Europea. Este recurso se basaría en el hecho de que la solicitud enviada a la Coisión presentó fundamentos falsos para justificar la necesidad de una prórroga para el cumplimiento de la directiva.