El RDL7/2025, conocido como “decreto antiapagones”, contenía, de un lado, recomendaciones para evitar en lo máximo posible futuros posibles apagones, y de otro, “propuestas exigidas históricamente” por los grupos ecologistas y la ciudadanía para la transición energética.

Hay un tercer grupo de medidas que, desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, “agilizan o facilitan excesivamente” la tramitación de la repotenciación de proyectos renovables y de almacenamiento, lo que puede “suponer una merma de las garantías ambientales y de participación popular”.

La figura del real decreto ley impidió a Ecologistas en Acción y al resto de la sociedad civil “participar en el mismo”. Para la organización ecologista, la lucha frente a la emergencia climática debería estar “alejada de movimientos partidistas y responder al bien común”. La organización hizo “un análisis de cara a una legislación que regule estos aspectos con la urgencia necesaria”.

En este sentido, Ecologistas en Acción consideró que los siguientes aspectos del RDL “son positivos”: ampliación del radio en el que las instalaciones de autoconsumo pueden compartir electricidad de dos a cinco kilómetros; impulso a la aerotermia, la geotermia y las bombas de calor, “gracias a las desgravaciones fiscales similares a otras formas de energía renovable”; gestión de la demanda, que permite modular el consumo en función de la disponibilidad de energía y “evitar así la puesta en marcha de centrales gasistas”; y almacenamiento y flexibilidad: la organización valoró favorablemente “la clarificación normativa y el fomento del almacenamiento energético”.

La coordinadora del Área de Energía de la organización, Marina Gros, lamentó que la caída de estas medidas “repercutirá en un coste económico para la ciudadanía, que seguirá dependiendo de fuentes fósiles para regular el sistema eléctrico, más caras, volátiles y dependientes de las tensiones geopolíticas”.

En este sentido, el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, consideró que “la urgencia de actualizar nuestro sistema eléctrico mediante nuevas medidas de gestión, la actualización de instalaciones obsoletas y el necesario impulso del almacenamiento, puede y debe combinarse con mayores, no menores, garantías ambientales y de participación popular”.

Sin embargo, el RDL contiene “medidas controvertidas”, como la simplificación de trámites ambientales, el apoyo a industrias electrointensivas con subvenciones (250 millones de euros) que “no exigen eficiencia energética o uso de renovables”.

Por otro lado, el activista de Ecologistas en Acción Carlos Moreno echó de menos que el RDL incluyera “una clara estrategia para la transición energética y la descarbonización”, como medidas que “garanticen la salida del gas y la energía nuclear” del sistema eléctrico, la posibilidad de que la fotovoltaica apoye en la formación de red, y “un enfoque más claro por los modelos de distribución y soberanía energética”.