En España, el lobo ibérico era una especie protegida en toda España desde el 22 de septiembre de 2021, momento en que entró en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y dejó de ser cinegética al norte del Duero, con lo que su caza deportiva estaba prohibida desde entonces en todo el país.

Esa situación cambió el pasado 2 de abril, cuando volvió a permitirse la caza deportiva del lobo ibérico al norte del río Duero gracias a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

Esa norma incluye enmiendas introducidas por el PP en el Senado y respaldadas en el Congreso por Vox, el PNV y Junts para rebajar la protección del lobo con el argumento fundamental de reducir los ataques loberos al ganado en Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León, donde se concentra cerca del 90% de los lobos ibéricos en España.

“NINGUNA RELACIÓN”

Según Ecologistas en Acción, esas disposiciones “no tienen ninguna relación” con el objeto de la ley, por lo que “vulneran principios constitucionales y pretenden desmantelar, sin justificación científica ninguna, décadas de políticas de conservación”.

"Plantear esta cuestión de inconstitucionalidad ante la Audiencia Nacional era un paso obligado. No se puede permitir que, mediante enmiendas arbitrarias en una ley sobre desperdicio alimentario, se desproteja una especie clave para nuestros ecosistemas. Es un ataque frontal al Estado de Derecho y a la normativa sobre biodiversidad", según Jaime Doreste, responsable jurídico de la organización.

Doreste apuntó que “el lobo ibérico es una especie protegida por la normativa europea, y su conservación debe basarse en la ciencia, tal y como requiere la normativa ambiental, no en intereses políticos o cinegéticos”.

“Esta maniobra legislativa es un claro ejemplo de cómo se intenta desmantelar el marco jurídico de conservación de la naturaleza", añadió Sara González Merinero, especialista en Derecho Ambiental.

La Audiencia Nacional deberá ahora resolver si elevar o no la cuestión al Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de las disposiciones.

“Mientras tanto, Ecologistas en Acción seguirá litigando para garantizar que el lobo mantenga su estatus de protección y denunciando cualquier intento de desmantelar las políticas ambientales”, concluyó Doreste.