Según Ecologistas en Acción, la Estrategia tuvo “un proceso plagado de irregularidades, entre ellas la ausencia de una verdadera participación pública, que se soslayó adrede para dar cabida sin controversia a todas las reivindicaciones del sector cinegético y de las comunidades autónomas con los gobiernos más favorables a la caza”.

“Es fruto de un ejercicio de electoralismo en el que se disputan los votos de los sectores más extremistas del mundo rural. El resultado es que la Estrategia valida un sinfín de malas prácticas y de actuaciones que, a través de las legislaciones autonómicas, permite una caza en contra de los principios más elementales de la conservación de las propias especies cinegéticas, de la protección de los espacios naturales y del bienestar animal”, añadió.

Un ejemplo de ello, según Ecologistas en Acción, es la forma en que la Estrategia ha sido esgrimida por el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, como argumento para impulsar una enmienda que pretende excluir a los perros de caza de cumplir los requisitos de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales, actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

“Nunca la caza se había impulsado tanto y tan mal en España: es lamentable que un gobierno que se dice progresista haya amparado semejante Estrategia”, apuntó la ONG.

La organización ecologista indicó que el sector cinegético se opone a la protección de las especies cinegéticas en regresión, recurre “sistemáticamente” las normas de protección de la naturaleza y se enfrenta a la protección de la Red Natura 2000 o de especies emblemáticas, como el lobo.

Además, apuntó que este sector impulsa “métodos tan dañinos” como el uso de lazos y cajas-trampa, quiere que se cierren caminos en terrenos públicos o que se cace en los parques nacionales y planta cara a “cualquier avance que se pretenda, por mínimo que sea, a la protección de los animales, sean domésticos o no”.

Con el recurso presentado ante la Audiencia Nacional, Ecologistas en Acción confía en que la Justicia declare “nula de plena derecho” la Estrategia “en el más breve plazo posible”.