Ecologistas en Acción hizo este miércoles esas consideraciones en un comunicado, donde rechazó la “criminalización” del jabalí por su “supuesto exceso de población”, lo que justifica “medidas de mayor presión y sacrificios masivos de estos mamíferos, que son propios de los ecosistemas europeos”.

Ecologistas en Acción justificó que se apliquen “medidas de control de jabalíes” donde ha aparecido el brote para evitar que la enfermedad se expanda entre las poblaciones de animales silvestres y llegue a las granjas.

No obstante, aclaró que esa medida no debe extenderse a otras zonas de forma preventiva con la “excusa” de que hay “superpoblación”.

En este sentido, rechazó los “argumentos condicionados por los intereses económicos de un sector productivo, como es el de la ganadería industrial”, que debería ser “fuertemente cuestionado por la sociedad y las Administraciones por sus inmensos y graves impactos ambientales y sobre la salud, en lugar de defenderlo a ultranza como están haciendo”.

“No existe la supuesta sobrepoblación de jabalí. En todo caso, las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo y lo han hecho acompañadas de la expansión de su ecosistema preferido, el monte y el matorral”, añadió.

Ecologistas en Acción subrayó que sí ha aumentado el contacto de la fauna silvestre con la población de las ciudades por el crecimiento urbano, a menudo con una “ocupación exagerada” del territorio mediante “urbanizaciones en pleno monte, segundas residencias en la costa y las montañas”.

MACROGRANJAS

Por ello, puso el foco en la ganadería industrial, que “mueve miles de millones de euros, pero es un ejemplo incuestionable de insostenibilidad”. “Las macrogranjas de porcino solo pueden funcionar a base de impulsar la deforestación de las selvas tropicales del planeta para la producción de los piensos (soja, especialmente)”, recalcó.

“A su vez, son grandes consumidoras de un agua que escasea en el Mediterráneo con las sequías cada vez más recurrentes y contaminan las masas de agua dulce superficiales (ríos y lagos) y subterráneas, poniendo en peligro el acceso humano a agua potable. Y, por último, ofrecen pocos puestos de trabajo (en las comarcas rurales con mayor densidad de macrogranjas, estas no frenan el despoblamiento, más bien lo acentúan)”, agregó.

En este sentido, indicó que “las macrogranjas, en su afán de maximizar producción, concentran miles de animales en condiciones de hacinamiento, lo que no solo acelera la propagación de enfermedades, sino que convierte cada granja en una bomba biológica”.

“Sorprende que las Administraciones no tengan suficiente presupuesto para la conservación de los ecosistemas y espacios protegidos, ni para ayudas firmes a las pequeñas empresas agrarias en su lucha por la supervivencia frente a la agroindustria, pero que habiliten partidas no previstas de cientos de millones de euros cuando hay una crisis en el sector agrario industrial”, según Laia Serra, portavoz de Ecologistas en Acción.

Jaume Grau, también portavoz de esta organización, destacó: “Está amplísimamente documentado que la buena parte de los problemas en el sector primario están vinculados a la crisis ecológica -cosechas perdidas por sequías o inundaciones derivadas del cambio climático, desequilibrios poblacionales de fauna por la crisis de biodiversidad, enfermedades contagiosas para animales domésticos o para humanos, la covid-19, sin ir más lejos-, por lo que el esfuerzo para prevenir y solucionar estos problemas tiene que ponerse en otro lado”.