Estas entidades alertaron este martes en un comunicado de que este año será clave en esta materia porque está previsto que la Asamblea de la Autoridad Internacional para los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), que se reunirá a finales de julio en Kingston (Jamaica), comience a debatir por primera vez la adopción de una moratoria de la minería submarina.

“Que se acuerde esta moratoria es esencial, ya que algunos países están intentando forzar la aprobación de un reglamento de explotación en 2025, lo que haría muy difícil impedir la concesión de contratos, abriendo de par en par el fondo marino a una destrucción sin precedentes”, declararon las organizaciones.

Aunque España se encuentra entre los 24 países que han dado un paso adelante defendiendo una moratoria, las organizaciones ecologistas y conservacionistas consideraron que debe mejorarse la coordinación entre los ministerios y que la delegación española ha de mostrarse “más contundente” en las próximas sesiones de la ISA.

Por eso, demandaron “liderazgo” para impedir que se fuerce la adopción de un código minero y alcanzar una moratoria, lo que supondría “una victoria para el océano y las generaciones futuras”.

“LÍNEA ROJA”

Para las organizaciones ecologistas, esta industria es “una línea roja que no debe cruzarse”, postura que también han expresado el Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la comunidad científica, la sociedad civil, el sector pesquero y empresas de los sectores energético, automovilístico o tecnológico.

“La minería submarina es una actividad con enormes impactos potenciales, que incluyen la disrupción del mayor sumidero de carbono del planeta, la liberación de gases de efecto invernadero, los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos en la cadena trófica y la destrucción irreversible de la biodiversidad marina, en muchos casos en hábitats poco explorados y muy sensibles, que acogen comunidades biológicas únicas”, concluyeron.