El Ejecutivo comunitario propuso hoy un paquete ‘ómnibus ambiental’, el octavo para simplificar las normas de la UE que ha presentado la actual Comisión Europea para reducir al menos un 25% las cargas administrativas hasta finales de 2029.

Las propuestas agilizarán los procesos de obtención de permisos para todos los proyectos, en particular en sectores estratégicos, como proyectos digitales estratégicos, de materias primas críticas y la vivienda asequible.

Con ello, la Comisión Europea espera que las empresas ahorren 1.000 millones de euros al año, lo que eleva el ahorro administrativo anual derivado de las medidas ómnibus y otras iniciativas de simplificación presentadas a casi 11.000 millones de euros anuales.

“TRISTE HITO”

Según WWF, BirdLife Europe, ClientEarth y EEB (European Environmental Bureau), la Comisión Europea “está desmantelando décadas de normativas en favor de la protección ambiental, poniendo en peligro la calidad del aire, el agua y la salud pública bajo la excusa de la competitividad”.

Estas organizaciones apuntaron que las propuestas “no son ajustes aislados o técnicos”, sino que forman parte de “un patrón más amplio de ataques”, que van desde el debilitamiento del Reglamento de la UE sobre la deforestación hasta la reducción de las protecciones contra los productos químicos y los plaguicidas, lo que abre la puerta a un aumento de la contaminación.

“La propuesta de hoy marca otro triste hito en la locura de la desregulación. Es como ver un accidente de coche a cámara lenta, una y otra vez: la Comisión propone cambios ‘menores’, pierde completamente el control y acabamos con los eurodiputados y los Estados miembro destrozando leyes medioambientales enteras”, según Sabien Leemans, directora de Biodiversidad de la Oficina de Política Europea del WWF.

Para WWF, BirdLife Europe, ClientEarth y EEB, el nuevo paquete de medidas medioambientales “pone en riesgo” la salud pública y los ecosistemas europeos porque supone “más contaminación industrial y química”, debilita la Directiva Marco del Agua y añade una “presión adicional” sobre la biodiversidad al proponer una “prueba de resistencia” para las Directivas sobre aves y hábitats.

“Las Directivas sobre aves y hábitats son la columna vertebral de la protección de la naturaleza en Europa. Socavarlas ahora no solo acabaría con décadas de avances conseguidos con mucho esfuerzo, sino que también empujaría a la UE hacia un futuro en el que los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos quedarían peligrosamente expuestos”, subrayó Sofie Ruysschaert, responsable de políticas de restauración de la naturaleza de BirdLife Europa y Asia Central.

Sergiy Moroz, responsable de políticas de naturaleza de EBB, añadió: “La protección del agua no es algo que deba desregularse, es la base de un agua limpia, segura y resiliente para millones de europeos”.

“Tras meses de caos legislativo, la Comisión ha asestado un golpe devastador a los pilares mismos del ordenamiento jurídico de la UE. Está dejando de lado el escrutinio democrático y haciendo caso omiso de sus propias normas de procedimiento, lo que desbarata el marco de concesión de permisos medioambientales”, recalcó Ioannis Agapakis, abogado del Programa de Fauna Silvestre y Hábitats de ClientEarth.

“GRAVE RETROCESO”

Para Ecologistas en acción, el paquete ómnibus ambiental supone "un grave retroceso en normativas ambientales fundamentales para proteger la vida" y los cambios propuestos "solo favorecen a las grandes empresas y perjudican a las personas".

Esta organización apuntó que la propuesta de la Comisión Europea supone un "golpe a la naturaleza y a la ciudadanía" y que "la desregulación avanza sin freno en la UE".

“En tan solo unos meses se han retrasado normas clave, reducido presupuestos ambientales o retrasado la puesta en marcha de reglamentos como el de la deforestación importada, siempre en pro de las empresas y en contra del medio ambiente y las personas”, según Jaume Grau, responsable de Biodiversidad de Ecologistas en Acción.

Nuria Blázquez, responsable de Internacional de Ecologistas en Acción, concluyó: “Este proceso de desmantelamiento de leyes ambientales está recibiendo una oposición sin precedentes por parte de la sociedad civil, pero avanza impunemente. Es urgente y necesaria una mayor ofensiva política y ciudadana para frenar este retroceso, que acabará con décadas de progreso. La lucha para frenar la crisis ecológica requiere de cambios transformadores y avances legislativos”.