En la reunión, de alto nivel, participaron también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Del lado de los agentes sociales, asistieron el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel; y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente.

En un comunicado, Cepes mostró su malestar por no estar presente en ese encuentro y destacó que todos los representantes del Gobierno mantienen una interlocución constante con su organización. A su juicio, son conocedores de que la economía social tiene un peso de 127.000 empresas, 2,5 millones de empleos directos e indirectos y supone el 11,1% del PIB nacional.

También recordó que Yolanda Díaz mantuvo a comienzos de mayo una reunión con Cepes, CEOE, sindicatos y organizaciones de autónomos para realizar un seguimiento de las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. En aquel encuentro, el Ejecutivo se comprometió a mantener un espacio de diálogo y seguimiento permanente con todos los actores implicados, incluyendo expresamente a las empresas de la economía social.

Según se señaló entonces, el objetivo de estas reuniones era anticiparse a los posibles efectos de la crisis internacional y diseñar, en caso necesario, medidas específicas de apoyo para los sectores afectados.

“La economía social debe estar presente en todos los espacios de diálogo y concertación impulsados por el Gobierno, no solo por el compromiso adquirido por el propio Ejecutivo, sino también por el papel estratégico que desempeña este modelo empresarial en la economía española”, defendió Pedreño.

Asimismo, añadió que “las empresas y entidades de la economía social han demostrado, especialmente en los momentos de mayor dificultad e incertidumbre, su capacidad para sostener el empleo, garantizar actividad económica y reforzar la cohesión social y territorial, por lo que resulta imprescindible contar con este modelo empresarial ante una crisis internacional de estas características que afecta a todas las empresas, independientemente de su fórmula jurídica”.

Esta patronal recordó que hace semanas envió un informe al Ministerio de Trabajo y Economía Social para hacer un seguimiento de las propuestas y problemas de algunos sectores afectados para analizar la evolución de la situación y estudiar las medidas de apoyo que puedan resultar necesarias más allá del mes de junio, fecha en la que finaliza la vigencia del primer real decreto-ley aprobado para afrontar las consecuencias de la guerra.

Por ello, Cepes confía en mantener próximamente una reunión con el Gobierno que permita trasladar la realidad y las necesidades de las empresas y entidades de la Economía Social, así como “contribuir, desde el diálogo y la colaboración institucional, a la construcción de respuestas eficaces ante el actual contexto económico y social”.