Así se expresó Pich durante una jornada organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España. El encuentro se celebró en el marco del debate sobre la reforma fiscal, que se ha puesto en marcha con el encargo de un informe realizado por el Gobierno al comité de expertos para la reforma del sistema tributario.

“Lo fundamental es profundizar en que el cumplimiento voluntario sea fácil, mejorar la utilización de los recursos humanos y materiales, e intensificar el eficaz tratamiento de la información de que disponen las administraciones tributarias”, apuntó Pich.

El economista Jesús Quintas Bermúdez, miembro del Consejo Directivo del REAF, defendió que resulta “prácticamente imposible” conocer cuánto dinero se pierde por la economía sumergida y el fraude fiscal, “por lo que su detección se realiza mediante actuaciones de investigación o de detección y seguimiento de circunstancias o indicios”. A su juicio, una estimación “realista” se situaría en el intervalo de 15.000 y 20.000 millones de euros al año, aunque “la tendencia es, en ambos casos, ligeramente decreciente”.

En este sentido, el economista e inspector de Hacienda en excedencia Diego Martín-Abril sostuvo que, en el ámbito de la Unión Europea, existen estudios que sitúan a España en la media comunitaria, pero cuando se incorpora como variable el nivel de desarrollo, “desgraciadamente subimos posiciones”.

“A nivel nacional, por regiones los estudios muestran que hay una relación inversa entre renta y fraude, de ahí que las cifras vengan a confirmar que las autonomías de menor renta son aquellas donde existe un mayor fraude”, añadió.

Para reducir el fraude, Martín-Abril manifestó que “desde una perspectiva sancionadora o represiva, la normativa actual parece que cuenta con medidas suficientes (en los últimos años, son muchas las normas que se han aprobado como leyes de lucha contra el fraude), por lo que es lógico buscar otras vías para minorar la economía sumergida. Así, en un plano más general o social, se debería incidir en la formación ciudadana, en una mayor conciencia fiscal o en la corrección moral”.

También cree que “podría replantearse si el sistema de denuncia pública existente es efectivo y, en su caso, si se debiera establecer un sistema de recompensas”.

Además, Jesús Quintas afirmó que, en términos de eficiencia y eficacia, es posible que las Administraciones tributarias se vean “más perjudicadas por la gestión de una información desmesurada y probablemente parcialmente innecesaria que por la insuficiencia de información. En general, debe incentivarse la regularización voluntaria y prestarse más atención a la prevención, sin que ello suponga relajar la investigación y comprobación, pero centrándola en las conductas y prácticas más graves y relevantes, jurídica y económicamente”.