Asimismo, denunciaron que existen "desajustes persistentes" entre la formación académica y las demandas del mercado - un 37 % de brecha entre competencias tecnológicas- y lamentaron la existencia una legislación laboral "rígida" que desplaza la necesidad de flexibilidad hacia los colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes, a través de contratos precarios.

En la presentación del acto, que corrió a cargo del presidente del CGE, Miguel Vázquez Taín, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, intervinieron como ponentes el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de Fedea, Jose Ignacio Conde-Ruiz; la miembro del equipo técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE) Raquel Jurado y la secretaria técnica del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL-CGE), Mar Villares.

"A nivel nacional, la legislación fiscal específica para jóvenes es escasa y fragmentada", indicó Vázquez Taín, que aseguró que solo existen "algunas medidas" implementadas por las comunidades autónomas, todas ellas insuficientes para equilibrar una presión tributaria elevada, debido a la alta carga de los impuestos indirectos. Asimismo, afirmó que junto a los incentivos fiscales, es imprescindible promover planes de desarrollo de carrera adaptados a los nuevos requerimientos y formas de vida de los jóvenes, facilitando su integración y crecimiento profesional sostenible dentro de las empresas e instituciones

Para Ángel de la Fuente el sistema actual de protección social "presenta un sesgo muy importante hacia los mayores". "El déficit contributivo del sistema de pensiones exige, cada año, grandes y crecientes inyecciones de recursos procedentes de impuestos generales que amenazan con dejarnos sin margen para otras prioridades. Este desequilibrio debería corregirse”, advirtió.

Conde Ruiz, por su parte, denunció que los jóvenes en España afrontan una "doble desventaja estructural", debido la "pérdida del impulso demográfico" que antes sostenía el crecimiento económico y una "menor capacidad de influencia política" debido al envejecimiento del electorado. Esto, a su juicio, provoca tres grandes brechas: vivienda, renta y edad de emancipación.

Para Raquel Jurado el principal problema de los jóvenes en España es que cuentan con ingresos "notablemente inferiores" a la media. "En 2023, un joven de entre 20 y 24 años percibió un 45 % menos que el salario medio nacional, según el INE", recordó; a la vez que adviritió que estos soportan una "carga fiscal considerable", especialmente a través de cotizaciones sociales e impuestos indirectos como el IVA.

Por último, Mar Villares explicó que la combinación de una alta tasa de temporalidad -60,5 %- unido a un salario medio un 27% inferior a la media nacional y que un 46 % de los jóvenes cuentan con contratos a tiempo parcial de manera involuntaria configura un entorno laboral "precario" que "retrasa la emancipación”. "Urge avanzar hacia la estabilidad contractual real y alinear la formación con las necesidades del mercado", señaló.

MEDIDAS PARA RESOLVER EL PROBLEMAS

Por último, ambas entidades pidieron tomar una serie de medidas como impulsar la Formación Profesional Dual y Universitaria, actualizar y reforzar los contenidos educativos -con un mayor enfoque en competencias digitales-, mejorar la orientación profesional y adaptarla a las demandas del mercado, crear incentivos fiscales al ahorro con fines como la emancipación o el emprendimiento, i educir el déficit estructural para evitar trasladar cargas fiscales a las generaciones futuras.

También solicitaron reforzar las ayudas a la crianza y a las familias con menores recursos y aumentar la construcción de vivienda asequible en zonas de alta demanda mediante la liberalización de suelo disponible y una mayor colaboración público-privada. En este sentido incluyeron dos iniciativas: ampliar las ayudas al alquiler para jóvenes con menor renta y facilitar el acceso a la vivienda mediante instrumentos fiscales progresivos, incluyendo exenciones fiscales, deducciones estatales y esquemas de aval público.

Por otra parte, sugirieron reforzar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con "mejor trazabilidad y coordinación entre administraciones" e "impulsar un Pacto de Estado por el Empleo Joven que articule una estrategia común con participación de los agentes sociales".

Por último, solicitaron establecer mecanismos de diálogo institucional intergeneracional que garanticen la voz de los jóvenes, aumentar la inversión en políticas transversales para jóvenes e incluir a representantes juveniles en foros clave como el Pacto de Toledo para asegurar una visión "más equitativa y sostenible" del sistema de pensiones.