El acuerdo, negociado esta tarde por la Mesa Sectorial de Educación, fue suscrito finalmente por CCOO, FETE-UGT, ANPE, USO, CSI-CSIF y el Sindicato de Administraciones Públicas (SAP), mientras que STEs, ELA-STV y CIGA no lo suscribieron.

Entre las medidas acordadas destaca un nuevo complemento de al menos 60 euros mensuales para los docentes no universitarios que tengan una "mayor implicación" en las tareas educativas de los centros.

Para ello, el ministerio se compromete a llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para financiar dicho complemento con cargo al incremento presupuestario anual comprometido para educación.

El acuerdo prevé además que los enseñantes adscritos ahora al Cuerpo de maestros de Infantil y Primaria tendrán derecho a promocionar, mediante las correspondientes pruebas, al de profesores de Secundaria. De la misma manera, tanto los profesores de primaria como los de secundaria podrán promocionar para impartir clase en la universidad.

Para ello, se valorará "al máximo" la antigüedad y experiencia en el cuerpo docente de origen y se tendrá en cuenta la especialidad a la que aspiran, en concordancia con la titulación académica a la que optan.

INTERINOS

Otro de los puntos destacados del acuerdo es el compromoiso del ministerio que dirige María Jesús San Segundo para reducir el porcentaje de profesores interinos hasta el 8% en cuatro años. En la actualidad hay 80.000 docentes en esta situación.

Además, el ministerio propondrá a las comunidades autónomas la adopción de medidas que permitan que los profesores mayores de 55 años puedan reducir su jornada lectiva por otras actividades educativas sin que vean reducir sus retribuciones.

Otro de los compromisos acordados hoy es que la negociación del Estatuto de la Función Pública Docente finalizará antes del próximo 30 de junio de 2006,

En el Estatuto citado se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la formación continua, la promoción profesional, la movilidad nacional, la seguridad y salud laboral, políticas de igualdad y una especial atención a los supuestos de violencia de género y a la conciliación de la vida familiar y laboral.