Según denunció hoy el sindicato en un comunicado, los responsables del Ramón Carande incurrieron en un claro fraude de ley, al pretender colocar como funcionarios a personal que no reunía las condiciones requeridas para estos puestos.

UGT asegura que este fraude se produjo en los meses que siguieron a la publicación el año pasado del decreto 42/98, de 12 de marzo, por el que se aprobó la integración del centr en la Juan Carlos I.

De acuerdo con los datos que maneja el sindicato, la plantilla del personal administrativo y de servicios del centro se incrementó en un tercio, pasando de 118 a 185 trabajadores, pese a que el número de alumnos ha disminuido aproximadamente en 2.400 desde el curso pasado al actual.

Además, UGT afirmó que ha detectado situaciones de posible incompatibilidad en alguno de los cargos directivos y de personal contratado docente y no docente, al ser asignados a familiares o amistdes de los responsables del centro.