Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta enviada al Congreso, donde el PP había preguntado “sobre el alcance real de los ciberataques detectados por el Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con Europol y el Centro Criptológico Nacional (CCN), durante los meses previos a las elecciones generales del año 2023”.

En la contestación recogida por Servimedia, se afirma que “en cada proceso electoral se diseña y se pone en práctica un dispositivo de ciberseguridad que proporciona un marco de actuación que facilita la coordinación efectiva entre las distintas administraciones públicas y organismos con competencias en ciberseguridad”.

El Ejecutivo afirma que, en las distintas elecciones, “se fomenta la participación de los actores relevantes en la materia, promoviendo la implementación de medidas preventivas, protocolos de respuesta rápida y planes de contingencia ante ciberincidentes”.

SIN “IMPACTO”

Estas actuaciones, se afirma en la respuesta, han permitido “que esos procesos electorales se hayan desarrollado sin ningún incidente que tuviera impacto alguno”.

En este sentido, la Policía Nacional reforzó en 2023 sus capacidades de vigilancia digital ante el aumento de ciberataques dirigidos a instituciones públicas en el periodo previo a las elecciones generales del 23 de julio. Informes previos advertían de un contexto de riesgo elevado por la proliferación de campañas de desinformación y ataques contra infraestructuras críticas.

En coordinación con el Centro Criptológico Nacional (CCN), los agentes monitorizaron intentos de intrusión y denegación de servicio sobre portales de la Administración vinculados al proceso electoral, entre ellos páginas de Interior y de la Junta Electoral Central. El objetivo de estos ataques era afectar a la disponibilidad de los servicios en momentos de especial sensibilidad institucional.

Las pesquisas policiales, compartidas con los analistas del CCN, señalaron al grupo prorruso NoName057(16) como principal sospechoso de las acciones contra webs ministeriales y organismos relacionados con los comicios de julio. Este colectivo, especializado en operaciones masivas de denegación de servicio, ya había sido vinculado con agresiones informáticas a otros departamentos del Gobierno.