Esta gestión se enmarca en una nueva etapa del Ministerio caracterizada por la transparencia, la accesibilidad de la prestación y la cogobernanza con las comunidades autónomas, agregó Inclusión.

El objetivo es extender el alcance de la prestación, que ha llegado ya a 70.000 hogares catalanes y a más de 218.000 personas, y subrayó que la inversión del Estado asciende a los 368 millones de euros en 2023. “Queremos acercar aún más el IMV a la ciudadanía y maximizar las condiciones de acceso”, declaró la ministra.

Por otro lado, Saiz mantuvo un encuentro con Gemma Usabart, consejera de Justicia, Derechos y Memoria, quien le transmitió su interés por las políticas de reinserción de las personas migrantes.

El Ministerio ha propuesto la elaboración y puesta en marcha de un nuevo itinerario piloto de inclusión enfocado en este colectivo, y ambas administraciones mostraron voluntad de colaboración y de "seguir explorando vías pioneras en Europa".

El miércoles, la ministra se reunió con Tània Verge, Consejera de Igualdad y Feminismos, para abordar entre otras cuestiones los plazos y la reforma del Reglamento de Extranjería, que su departamento quiere llevar a cabo “siempre con la participación de las comunidades autónomas”.

Esta reforma permitirá reducir las figuras de permisos ahora vigentes, simplificar documentación y trámites y reforzar la protección, derechos e integración laboral de las personas migrantes. En dicho encuentro se abordaron también los desafíos comunes en inclusión, apuntó el Ministerio.

Según declaró Saiz, “estamos en una nueva etapa, caracterizada por la transparencia de las políticas como el IMV y por el diálogo con los territorios”.