En su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Saiz explicó que “los grupos ya han presentado sus enmiendas” a la ILP, admitida a trámite en 2024. A su juicio, “lo mejor sería llegar a un espacio común, a un pacto” entre las distintas enmiendas, que varían bastante en aspectos como la fecha desde la que debería aplicarse la medida y el número de personas que pueden acogerse a ella.

“Un pacto es lo mejor para la sociedad y para las entidades” que la impulsaron, defendió, porque “de lo contrario, la ILP no se aprobará y será un retroceso” que consiguen “los reaccionarios”.

En este punto, Saiz insistió en la importancia del empleo a la hora de impulsar regularizaciones extraordinarias. Recalcó que la Ley de Extranjería española ya prevé una “figura única”, el arraigo, que “permite acceder a la regularidad administrativa de forma continua y ordinaria”.

Contempla “cinco vías: el arraigo social, el familiar, el socioformativo, el sociolaboral y el de segunda oportunidad”. “Cada uno adecuado a las distintas circunstancias de cada persona”, recalcó.

Según sus estimaciones, más de 620.000 migrantes han conseguido regularizarse por este procedimiento desde 2022.

Fueron varios los diputados que preguntaron a la ministra a propósito de esta ILP y que reclamaron “un impulso decidido” a su tramitación. Así lo hicieron Vicenç Vidal (Sumar), Jon Iñarritu (Bildu), Noemí Santana (Podemos), Jordi Salvador (Esquerra Republicana) y Néstor Rego (BNGa).

BALEARES Y CANARIAS

En su intervención, Vidal criticó “la improvisación” del Gobierno en cuanto a la acogida de migrantes en Baleares, cuyas llegadas “han crecido de forma muy significativa en los últimos meses.

Saiz rechazó este punto y aseguró que “el sistema se ha reforzado y que, aunque “los flujos migratorios son muy difíciles de prever, estamos trabajando de forma flexible y eficaz para dar una respuesta adecuada”.

Santana rechazó la situación del sistema de acogida en Canarias y “el hacinamiento” que sufren menores y personas adultas, críticas que expresó con más dureza la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido.

A su vez, Maribel Vaquero (PNV) lamentó “el colapso” en el acceso al procedimiento de asilo, incluidos “los problemas para conseguir cita en comisaría” y en la tramitación de los expedientes.

Salvador y Rego demandaron además “un mayor esfuerzo” del Gobierno a la hora de combatir “bulos y desinformaciones”, que provocan “discursos de odio en las redes" e "incidentes tan lamentables” como el ataque a un centro de menores migrantes acaecido en Monforte de Lemos.

En su turno de réplica, Saiz condenó con rotundidad este suceso, y resaltó “el trabajo del Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia junto a las plataformas” para atajar esta lacra. “Hace dos días nos reunimos con representantes de Tiktok, Meta, Instagram y X", apuntó, y “propusieron que España acoja una cumbre contra los discurso de odio en redes”.

RACISMO

Según la diputada del PP, Sofía Acedo, a este Gobierno “ni le importan los menores (migrantes) ni las personas que se juegan la vida en el mar”. “Nos llaman racistas a nosotros, pero ¿qué hay más racista que excluir a País Vasco y Cataluña del reparto de menores migrantes para contentar a sus socios?”, inquirió. "¿Hay algo más racista que traspasar las competencias sobre inmigración a una Comunidad solo por un puñado de votos?”.

Por su parte, el diputado de Vox Alberto Rodríguez quiso saber "qué hace el Gobierno para combatir a las mafias que trafican con personas” e instó a la ministra a explicar “si han tomado alguna medida para que los países de origen admitan devoluciones”.

Se refirió en concreto a Marruecos, al que acusó de no aceptar a sus nacionales menores de edad. A su juicio, este Gobierno "padece de aporofilia". "Solo quiere a gente" con necesidad de ayuda, porque "piensa que así les van a tener algo que deber".