Así lo indicó en declaraciones a Servimedia durante una visita institucional a la Torre ILUNION, en Madrid, en la que mantuvo una reunión con el Comité Ejecutivo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

El titular de Educación del Gobierno de Díaz Ayuso criticó en una entrevista en Servimedia que la medida encerrase la “finalidad política” de “maquillar las cifras de cotización a la Seguridad Social” y la calificó como una de las decisiones “más desastrosas y dañinas para el sistema educativo en Formación Profesional y en la universidad”.

La ministra, en cambio, defendió la cotización de los becarios -no remunerados-, como un “paso muy importante en materia de justicia social” y defendió que se había tomado “de la mano del diálogo social”.

Señaló que son “derechos para las personas jóvenes que comienzan desde el minuto cero a caminar esa vida laboral y que el tema de las pensiones, la cobertura de accidentes o las prestaciones sea una realidad”.

En su crítica, Viciana también señaló que “hay un gran número de empresas que ya han manifestado que no van a acoger estudiantes en prácticas”, así como de administraciones públicas, destacando que “el coste de la gestión" que es "el más elevado y el más preocupante, no lo está asumiendo nadie, está en manos de las universidades, de los propios centros educativos y de las comunidades autónomas”.

Saiz, por su parte, recordó que la medida se acompaña con una bonificación del 95% por parte de la Seguridad Social porque en el Gobienro son “conscientes de que los cambios tienen que ir acompañados de un tiempo de adaptación”.

Añadió, además, que ha habido “muchísimas” reuniones con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para “ir de la mano en este cambio”.

En cualquier caso, subrayó que se debe asegurar el “cumplimiento de la ley” y confirmó que analizarán los datos del impacto de medida.

Por otro lado, entre las reformas pendientes del Ministerio, se encuentra la de los coeficientes reductores para la jubilación anticipada para actividades peligrosas y penosas. La ministra señaló que “está encima de la mesa y con el diálogo social y con la escucha activa, pues iremos dando pasos en esa materia”. Recalcó que estos ya se han ido produciendo gracias a “diferentes reivindicaciones de distintos colectivos”.