Los trabajadores intentan presionar a la Administración para que adopte medidas excepcionals para paliar la "dramática" pérdida de empleo que está sufriendo el colectivo de asalariados del campo como consecuencia de la sequía.

A juicio de la centrales, hasta la fecha la mayoría de las medidas que el Gobierno ha adoptado para paliar los efectos de la sequía han ido dirigidas a los propietarios o empresarios agrícolas, "cuando se prevé, en 1995, una pérdida de quince millones de jornales, lo que supone un enorme quebranto económico para quinientas familias".

Sin embargo, en un comunicadode prensa, la Dirección General del INEM recuerda que entre 1994 y 1995 se ha producido un incremento de los fondos ordinarios del PER de más del 25%, pasando de 14.770 millones en 1994 a 19.560 en 1995.