El informe ‘Clínica Legal 2025: Radiografía de los retos jurídicos de las personas con necesidades crónicas de salud’ pone de manifiesto una realidad persistente: la inseguridad jurídica sigue formando parte del día a día de las personas con enfermedades crónicas.

El ámbito laboral persiste como el principal foco de preocupación, al concentrar el 42,6% de las consultas. Dentro de este bloque, un 28,4% se refiere a cuestiones como la incapacidad temporal, las bajas médicas, la adaptación del puesto de trabajo o situaciones de discriminación por motivos de salud, mientras que un 14,2% corresponde a consultas específicas sobre incapacidad permanente.

Desde la POP alertamos de que las incapacidades se producen, en muchos casos, en momentos de especial vulnerabilidad, en los que las personas necesitan simultáneamente seguridad económica, reconocimiento de su situación de salud y claridad en los procedimientos. Por eso, resulta especialmente preocupante la situación de aquellas personas con enfermedades poco objetivables visualmente, cuyas solicitudes de incapacidad permanente siguen siendo denegadas con frecuencia, lo que las obliga a recurrir a la vía judicial para ver reconocidos sus derechos.

Las consultas relacionadas con quejas y reclamaciones sanitarias o administrativas representan el 17% del total, lo que evidencia que muchas personas siguen necesitando apoyo para desenvolverse dentro del sistema sanitario, especialmente en contextos de demoras, procesos asistenciales complejos o situaciones percibidas como trato inadecuado.

Por su parte, las consultas sobre seguros de salud representan el 13,5% y mantienen su peso relevante respecto a años anteriores. Las personas usuarias plantean dudas recurrentes sobre la interpretación de coberturas, las exclusiones por condiciones preexistentes, los problemas en la contratación o renovación de pólizas y los conflictos derivados del alcance real de la protección contratada. Desde la POP recordamos que la protección sanitaria privada sigue siendo, para muchas personas con enfermedades crónicas, un espacio de incertidumbre jurídica donde la enfermedad previa actúa como factor limitante de acceso.

El 96,5% de las consultas proceden de particulares, lo que refuerza la función de la Clínica Legal como mecanismo directo de acceso a derechos para pacientes, personas cuidadoras y familiares. Solo el 3,5% restante corresponde a consultas realizadas por asociaciones, un dato que también refleja el papel del servicio como puerta de entrada al sistema asociativo.

Además, un 6,4% de las consultas están vinculadas directamente al ejercicio de derechos sanitarios y sociales, especialmente en fases iniciales de la enfermedad o en momentos clave de toma de decisiones. Este tipo de demandas evidencia la necesidad de acompañamiento desde etapas tempranas y confirma el valor de la Clínica Legal como herramienta de empoderamiento jurídico.

Desde la POP subrayamos que la estabilidad del volumen de consultas a lo largo de los años no responde a una demanda coyuntural, sino a una necesidad estructural. La inseguridad jurídica asociada a la enfermedad crónica no disminuye, y la orientación especializada sigue siendo un recurso escaso para los y las pacientes. Por ello, consideramos fundamental mantener y reforzar servicios como la Clínica Legal, que no solo ofrecen respuestas individuales, sino que permiten identificar patrones de vulnerabilidad y anticipar ámbitos de conflicto, contribuyendo así a mejorar el acceso efectivo a derechos.

La Clínica Legal es un servicio gratuito ofrecido tanto a particulares como a organizaciones vinculadas a pacientes con necesidades crónicas de salud. Las consultas se envían a través del formulario accesible en la web de la POP o mediante correo electrónico, y son contestadas en un plazo máximo de quince días por una jurista especializada en la materia.