Asimismo, esta organización expresó en un comunicado "su preocupación ante las graves consecuencias que se derivarían de que el futuro presidente del Gobierno de España aceptase las exigencias de los partidos nacionalistas catalanes. Nuestra economía, nuestro estado del bienestar, la igualdad y convivencia entre españoles y el estado de Derecho en su conjunto, sufrirían un daño irreparable en caso de que la ley de amnistía o el referéndum de autodeterminación que los grupos separatistas pretenden imponer fueran asumidos por el futuro presidente de la nación".

Considera Empresaris de Catalunya que "las últimas exigencias del nacionalismo, reafirmadas por Puigdemont y Oriol Junqueras, como son la amnistía y el referéndum de autodeterminación, más un conjunto de exigencias competenciales, financieras y lingüísticas cuyo objetivo final es la construcción de fronteras invisibles entre Cataluña y el resto de España, son una amenaza para la convivencia de la sociedad española y de la catalana en particular".

Denuncia que el nacionalismo catalán "lleva una década inmerso en un tensionamiento constante de la sociedad española", a pesar de que "las fuerzas nacionalistas catalanas representan hoy tan solo el 26% del voto emitido en Cataluña, y en consecuencia, sus exigencias carecen del apoyo de la mayoría social"

Empresaris de Catalunya asegura que una pretendida amnistía "no ayudaría a resolver el problema político. Los que serían amnistiados no reconocen sus delitos ni renuncian a repetir sus acciones y entienden la amnistía como la legitimación de estos. Con el riesgo real de reincidencia, vuelve la inseguridad y la división social. Desde la perspectiva económica, mientras se mantengan las incertidumbres políticas se paralizarán muchas tomas de decisión empresariales que afectan a Cataluña, y por ende a toda España".

Respecto a un referéndum de autodeterminación de Cataluña esta organización proclama que "no tiene cabida en nuestra Constitución salvo que se modifique mediante unas mayorías parlamentarias y sociales hoy inexistentes. Sin embargo, se pretende retorcer la legalidad hasta forzar algún tipo de consulta en Cataluña para conseguir los mismos efectos. Cualquier consulta o referéndum tendría efectos demoledores sobre la convivencia en nuestra comunidad y en el resto de España, así como otras graves consecuencias : fuga de capitales y empresas, huida de talento, paralización de inversiones, tensionamiento de las relaciones con clientes y proveedores nacionales e internacionales, etc".