Así se expresó esta patronal en un comunicado, en el que avisó de que la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de seguir adelante con la reforma de los pliegos que regulan los contratos de conservación y explotación de la red estatal de carreteras ha encendido todas las alarmas en el sector de la conservación de carreteras.

Además, ACEX previno de las consecuencias de adjudicar este servicio público teniendo como criterio principal el precio, puesto que “la calidad debe ser el eje central de cualquier contratación pública”.

“Los gestores públicos tienen la compleja tarea de optimizar recursos económicos limitados, pero nunca puede hacerse a costa de la seguridad de los usuarios ni de la sostenibilidad del sistema. Porque lo barato sale caro”, agregó.

Igualmente, destacó que la decisión se adopta pese a la oposición mayoritaria del sector y en un contexto especialmente sensible, tras sufrir las empresas años de fuerte presión inflacionista, incremento de costes energéticos y de materias primas, y dificultades para atraer y retener talento cualificado. Introducir ahora un modelo que tensiona aún más los márgenes y penaliza la calidad, comprometiendo seriamente la viabilidad de muchas empresas y, con ello, la propia prestación del servicio. Además, agrava la situación que viven nuestras carreteras, con un alto déficit de inversión acumulado.

“El modelo de concurso ha permitido históricamente valorar experiencia, solvencia técnica, capacidad innovadora y mejoras en seguridad vial. Gracias a este enfoque, las empresas han competido no solo en costes, sino también en tecnicidad, aportando soluciones que añaden un valor real al ciudadano. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor”, aseveró esta patronal.

A su juicio, aunque la ley permite distintas formas de valorar la calidad, eliminar por completo la evaluación técnica en contratos complejos de conservación supone prescindir del análisis experto en aspectos esenciales como son la planificación, la gestión de riesgos o la innovación. Además, indicó que presentar como “mejoras” simples aumentos de cantidad, más kilómetros o más volumen de actuación, no responde al concepto jurídico de mejora, sino que “convierte la calidad en un criterio cuantitativo, centrado en ofrecer más de lo mismo en lugar de hacerlo mejor”.

En síntesis, esta organización señala que se perjudicará la capacidad de comparar proyectos; potenciar el uso de materiales de peor calidad; emplear menos innovación y avances tecnológicos; menos capacidad para elegir la mejor opción, y aumento del riesgo reputacional.

“Un sistema centrado casi exclusivamente en precio y cantidad simplifica la adjudicación, pero puede debilitar la capacidad estratégica de la Administración y comprometer la eficiencia real del servicio a medio y largo plazo”, concluyó.