Así se expresó esta patronal en un comunicado, después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes la subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, medida pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, con el rechazo de CEOE.

“La firma del acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno de España para subir el SMI un 3,1% tiene que ir acompañada de la revisión de los contratos públicos. De lo contrario, las cuentas simplemente no salen”, avisó el presidente de Aspel, Juan Ignacio Beltrán.

El sector de la limpieza es uno de los pilares de la estructura empresarial española y uno de los más intensivos en mano de obra del país: cerca del 85% de sus costes corresponden a salarios. Esto, según Aspel, lo convierte en especialmente vulnerable a decisiones salariales adoptadas sin mecanismos paralelos de actualización de precios en la contratación pública.

A raíz de la ley de desindexación de 2015 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, los precios de los contratos públicos dejaron de actualizarse automáticamente conforme al IPC o a la evolución de los costes salariales. Desde entonces, las empresas que prestan servicios para administraciones públicas han visto cómo sus costes laborales aumentaban sin que los contratos recogieran esa actualización.

En 2015, año de entrada en vigor de la ley de desindexación, la facturación total del sector se situaba en 9.600 millones de euros. En 2024, la cifra asciende a 14.000 millones de euros, de los cuales se estima que el 40% procede directamente de contratos públicos.

Desde 2015 y antes de esta nueva subida, los salarios han aumentado una media del 1,7% anual, lo que supone un sobrecoste acumulado de 80 millones de euros al año y 800 millones en la última década sin que exista un mecanismo automático de revisión de precios. Si se toma como referencia el IPC medio anual (2,52%), el desajuste se eleva a 119 millones de euros anuales —1.190 millones en diez años— entre la evolución de los costes y el precio de los contratos públicos, siempre según los cálculos de Aspel.

En este contexto, el presidente de Aspel avisó de que las empresas “no pueden asumir” la nueva revalorización porque no existe margen salarial para hacerlo. “En los contratos públicos el precio es fijo y el salario es obligatorio. Si no se revisan los contratos, el ajuste recae íntegramente en la empresa”, lamentó Beltrán.

Por otra parte, previno de que, otra amenaza que tendría un “impacto muy importante” a este respecto, especialmente en sectores como éste, “muy intensivo” en personas trabajadoras, sería la imposibilidad de compensar y absorber los complementos salariales.

Este es el principal objetivo de la reforma de la regulación del SMI que quiere emprender la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que apoyan los sindicatos y rechaza la patronal.

“Una medida de este tipo haría inviable la negociación colectiva ya que supondría una subida real de más de dos dígitos en una actividad donde el peso de los salarios supera el 85% del total del coste y que tiene un nivel de absentismo del doble de la media de la economía española, ya de por sí elevada”, apuntó Aspel.

Finalmente, subrayó que cualquier decisión en materia salarial que afecte de forma directa a sectores intensivos en mano de obra debe ir acompañada de mecanismos que garanticen la sostenibilidad económica de los contratos públicos, evitando que el incremento de costes termine comprometiendo la continuidad empresarial y miles de puestos de trabajo.