Para los responsables de Anave, el acuerdo de los "doce" permitirá a las empresas mercantes españolas disponer de una prórroga de un año para liberalizar el tráfico de cabotaje más intenso del país, que es el que se produce entre la península y los archipiélagos balear y canario.

Este periodo transitorio, hasta 1994, permitirá a las empresas del setor mejorar su competitividad antes de tener que operar en el mercado libre frente a firmas navieras del norte de Europa, que están en mejores condiciones financieras que las españolas.

Los empresarios mercantes consideran que el Gobierno debería aprovechar esta prórroga para aprobar las normas que ha anunciado en el sector, como la creación de un Segundo Registro de Buques en Canarias, y facilitar la adaptación más suave del sector mercante español a las nuevas reglas de libre competencia.

Los epresarios del sector consideran que, junto al segundo registro, el Gobierno debería regular incentivos fiscales a la inversión como los que existen en los países con los que tendrán que competir las navieras españolas.

Por su parte, los responsables de Marina Mercante llevan desde hace varias semanas presionando a Hacienda y La Moncloa para que se agilice la creación de un segundo registro en Canarias en condiciones atractivas para las empresas.

Según fuentes del Ministerio de Obras Públicas y Trnsportes (MOPT), los motivos que obligan a acelerar la "bandera española de conveniencia" son el retraso en la creación de un registro similar para toda la CE (el denominado "Euros") y el interés mostrado en el proyecto canario por empresas navieras de Japón y la antigua Unión Soviética, además de las españolas.

El acuerdo de Luxemburgo, con el que también están satisfechos los negociadores del Gobierno español consultados por Servimedia, permitirá aplazar de 1993 a 1994 la penetración de empresas extanjeras en las líneas de tráfico existentes con Baleares y Canarias, tanto de mercancías como de personas.

Además, el Gobierno se reserva una cláusula de salvaguardia para determinar las condiciones del servicio público en el tráfico regular con las islas, a fin de evitar la especulación de empresas que sólo se interesen por este mercado en temporadas altas y lo dejen en condiciones insuficientes en épocas de baja actividad.

Respecto al resto de los tráficos de cabotaje, el acuerdo comunitario apaza hasta 1999 el tráfico continental y hasta 1997 el de suministro de materias primas como agua potable y petróleo.

La medida cuenta con el rechazo de los sindicatos mercantes de los países mediterráneos de la Comunidad (Grecia, Italia, Francia y España), por entender que permitirá la contratación de marineros del tercer mundo a precios inferios a los de la CE, mediante la inscripción de empresas en "registros de coveniencia", que gozan de condiciones laborales y fiscales especiales.