Según establece el real decreto-ley de vivienda publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la limitación afectará a cualquier entidad, tenga o no personalidad jurídica, cuyo objeto social incluya la adquisición de inmuebles, tanto cuando la vivienda se obtenga de forma gratuita como cuando se compre por debajo del citado umbral.

Es el detalle de la norma, cuyo acuerdo se conoció este martes por la mañana y que responde a la intención del Gobierno de prohibir las compras "especulativas" por parte de empresas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no pudo precisar cómo sería la redacción final de este apartado.

La prohibición comprende tanto las viviendas ya en uso como las situadas en edificios construidos sobre suelo residencial que reúnan los requisitos necesarios para obtener la cédula de habitabilidad desde que dispongan del certificado de fin de obra.

EXCEPCIONES

La norma permitirá estas adquisiciones por debajo del 70% del valor de tasación cuando la vivienda vaya a destinarse a alquiler asequible o social durante un mínimo de cinco años.

También quedan exentas las adquisiciones destinadas a residencias para personas que necesitan atención sociosanitaria, a alojamientos para colectivos vulnerables gestionados por entidades del tercer sector o a recursos destinados a proteger y atender a víctimas de violencia de género.

La limitación tampoco se aplicará cuando la entidad compradora esté adherida a un Código de Buenas Prácticas acordado con la administración competente en materia de vivienda. Los organismos públicos y las empresas públicas destinadas a promover y gestionar vivienda social y asequible cumplirán directamente este requisito.

Asimismo, quedan fuera las operaciones que ya hubieran sido formalizadas en escritura pública antes de la entrada en vigor del real decreto-ley, aunque todavía no se encuentren inscritas en el Registro de la Propiedad.

La restricción tampoco afectará a las adquisiciones derivadas de procedimientos de ejecución judicial ni a las que procedan de ejecuciones hipotecarias.