Esa cantidad supera en 2.000 millones a la de 1993, (lo que supone un aumento del 1,8 por ciento), y es la mayor contabilizada nunca por este concepto en las estadísticas oficiales de que dispone el ministerio que dirige José Antonio Griñán.

De las antidades fijadas en los tribunales, 40.433 millones correspondieron a indemnizaciones de despido establecidas en los casos en que las rescisiones de contratos fueron consideradas improcedentes y no hubo acuerdo previo entre las partes.

Otros 72.513,5 millones correspondieron a pagos impuestos a empresas condenadas por conflictos individuales distintos a los despidos, como los derivados de sanciones, impagos de sueltos y atrasos, entre otros.

Los 3.044 millones de pesetas restantes son las cantiddes fijadas por los tribunales en reclamaciones sobre irregularidades relacionadas con la Seguridad Social, como la no afiliación o cotización, y el impago de prestaciones, accidente de trabajo y enfermedades profesionales.

Todas estas cifras están probablemente infravaloradas y los desembolsos realizados por las empresas habrán sido mayores, debido a las limitaciones estadísticas existentes, según el Ministerio de Trabajo.

Ello se explica porque las cifras reflejadas por el Ministerio de Trabajoson las consignadas en los cuestionarios estadísticos que mensualmente cumplimentan los Juzgados de lo Social, inferiores a las reales en muchos casos porque en el momento de rellenarlos no se conocen todas las cantidades.

POR COMUNIDADES

Por otra parte, Cataluña fue la comunidad autónoma en donde recayó una mayor parte de estas indemnizaciones judiciales, al totalizar 23.282 millones de pesetas, por delante de Madrid, con 20.624 millones, y la Comunidad de Valencia, con 11.048.

El resto corresondieron a Aragón (6.774 millones), Asturias (2.174), Baleares (2.106), Canarias (3.306), Cantabria (1.654), Castilla La Mancha (4.807), Castilla y León (4.252), Extremadura (1.920), Galicia (6.292), Murcia (5.279), Navarra (442), País Vasco (9.439), La Rioja (1.116), y Ceuta y Melilla (265,6).

Los Juzgados de lo Social tuvieron que resolver el año pasado 278.370 casos, lo que supone una ligera disminución frente a los ejercicios precedentes, especialmente el 91, cuando se alcanzó el techo de la conflctividad laboral, con 351.944 asuntos resueltos.