La mayoría de estas resoluciones judiciales fueron las motivadas por despidos considerados improcedentes después de que empresas y trabajadores no llegaran a ningún acuerdo previo en los órganos de conciliación y arbitraje del Ministerio de Trabajo.

Esas indemnizaciones de despido ascendieron a 27.120 millones de pesetas, una cantidad inferior en un 13,5 por ciento a la del año anterior, debido sobre todo a que se redujo el número de casos resueltos por los tribunales.

La comunidades autónomas en las que las Magistraturas de Trabajo ordenaron más indemnizaciones fueron las de Cataluña (5.614 millones de pesetas), Madrid (4.229), Andalucía (3.582), Comunidad Valenciana (2.515) y Galicia (2.238).

Los Juzgados de lo Social también estableciern indemnizaciones, por 30.404 millones de pesetas, por otros conflictos individuales entre empresas y trabajadores, epígrafe que incluye los pleitos por reclamaciones de salarios y contra sanciones, entre otras cosas.

Asimismo, fijaron indemnizaciones, por un monto de 1.924 millones de pesetas, como consecuencia de conflictos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, como la falta de cotización.