El objetivo de esta cátedra, creada por la Universidad Pontificia de Comillas, es hacer una investigación interdisciplinar centrada en la realidad y servir de punto de encuentro para facilitar el contacto entre las entidades y personas implicadas en la lucha contra la pobreza energética.

En el seminario participaron representantes no solo de la cátedra, sino también de organismos públicos, como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, organizaciones sin ánimo de lucro (Energía sin fronteras, Cruz Roja o Ecodes) y compañías energéticas (Endesa y Naturgy).

Entre todos, analizaron asuntos como las medidas de apoyo a los consumidores en el contexto de crisis energética actual o el impacto de las medidas contra la crisis sobre las personas vulnerables.

Esta visión procedente de diferentes actores sociales es básica para intentar atajar un problema que, según el último Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España en 2021, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de Comillas, ya afecta a 4,5 millones de personas (9,5% de la población) que no pudieron pagar sus facturas energéticas en fecha y 6,7 millones (14,3% de los hogares) que no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares.

Los ponentes de la jornada recordaron que desde las administraciones públicas se han puesto en marcha diversas medidas. Entre las más significativas se encuentran el aumento de los umbrales de renta que dan acceso al bono social eléctrico, inclusión de nuevos colectivos y el aumento de la energía con derecho a descuento.

También la reducción del IVA y otros impuestos sobre la electricidad, tope al precio del gas para evitar que se traslade al mercado eléctrico a través de las tecnologías que generan electricidad con gas, minoración de la retribución de las centrales no emisoras (hidráulica, nuclear y renovables) para evitar beneficios extraordinarios y bonificación en los precios del carburante.

A modo de ejemplo, y según datos analizados por Endesa, el impacto final de las medidas introducidas por el Gobierno en la factura de un consumidor medio con tarifa regulada de la luz (PVPC) es de una reducción de 26 euros mensuales.

Si, además, la familia es vulnerable y dispone de bono social, las medidas tienen un efecto más positivo, reduciendo su factura en 69 euros mensuales, mientras que si es vulnerable severa la reducción media es de 64 euros al mes.