Así lo trasladó el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la Conferencia Sectorial de Energía, reunida ayer, lunes, y de la que el Ministerio informó este martes.

Gobierno y comunidades autónomas analizaron la evolución de la materialización de las líneas territorializadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como el Moves III o el autoconsumo. Groizard reiteró la necesidad de acelerar la gestión y justificación de las subvenciones concedidas a ciudadanos y empresas, que debe completarse antes de que concluya el primer semestre de 2026, según la normativa europea.

Por ello, informó a los representantes autonómicos de que el Ministerio está trabajando con la Comisión Europea para que se autoricen procedimientos simplificados a la hora de justificar el reparto de las subvenciones y maximizar la ejecución de fondos europeos.

Las comunidades y ciudades autónomas han podido modificar los procedimientos administrativos de las líneas territorializadas en función de sus necesidades y han dispuesto del 5% del presupuesto para reforzar sus recursos administrativos, pero el grado de verificación de las ayudas es muy dispar entre unos territorios y otros, con casos que alcanzan el 91% y casos que se quedan en el 3%.

Por otra parte, Groizard solicitó la implicación de las comunidades autónomas a la hora de implementar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, y puso como ejemplo mejorar la cobertura del bono social, al objeto de que lo perciban todos los hogares que tengan derecho a él, a la vista de que detectan “gran disparidad” entre territorios.

La sectorial también abordó numerosas cuestiones solicitadas por las comunidades autónomas como la revisión del calendario de cese de actividad de las centrales nucleares, la crisis eléctrica del pasado 28 de abril o los servicios de ajuste y la evolución de los costes de la electricidad.

Finalmente, las comunidades autónomas decidieron postponer el reparto de dos líneas de ayudas de 500 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética para pymes y grandes empresas del sector industrial (300 millones) y el sector terciario (200 millones), procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Las comunidades autónomas han optado por estudiar más la propuesta compartida con ellas el pasado mes de septiembre, según el Ministerio.