En un comunicado de prensa, Satse subrayó que la aplicación efectiva de estas guías conllevará “distintos beneficios” para el paciente y los profesionales, entre ellos, “maximizar” la eficiencia y efectividad de la atención y los tratamientos derivados o facilitar la accesibilidad para las actuaciones relacionadas con la medicación, evitando o reduciendo citas innecesarias o demoras.

Otros “efectos positivos” son la detección por parte de las enfermeras de efectos adversos relacionados con el tratamiento farmacológico, o la realización de un seguimiento más exhaustivo para prevenir la aparición de complicaciones asociadas al tratamiento y a la propia patología.

El Sindicato de Enfermería también ha venido reclamando en los últimos meses al Ministerio de Sanidad que “agilice” los trámites necesarios para la aprobación definitiva de las nuevas guías de prescripción enfermera que ya han sido consensuadas por la Comisión que las ha elaborado, como, por ejemplo, la guía de la fiebre. Hay otras guías sobre las que ya se han iniciado los trabajos (salud sexual y reproductiva y deshabituación tabáquica).

La implantación de estas guías en el sistema sanitario supone, además de mejorar la atención sanitaria y cuidados, “profundizar” en las competencias enfermeras y dar efectividad a la previsión que hizo la Ley del Medicamento respecto a su participación en la indicación, uso y autorización de medicamentos sujetos a prescripción médica. También “garantiza la necesaria seguridad jurídica a la hora de realizar determinadas actuaciones asistenciales”, añadieron.

SEGURIDAD JURÍDICA

El sindicato recordó que, tras la aprobación en 2018 del redactado definitivo del real decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de las enfermeras, el proceso para acordar estas guías “no ha estado exento de dificultades y se ha alargado mucho en el tiempo”.

El real decreto establecía un periodo de dos años para su aplicación en el conjunto del Estado y ya han transcurrido más de cuatro años sin que aún estén aprobadas todas las guías que inicialmente serían necesarias. Además, “las guías ya aprobadas siguen pendientes de implementarse en las diferentes comunidades autónomas y servicios de salud”, concluyó la organización sindical.