Este cambio de nombre y de condiciones en la empresa, que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes, supone la transformación de una empresa que nació como Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes) en 1981 y que durante décadas estuvo dedicada a la transformación y desarrollo de solares industriales.

Respecto al nombre, la entidad se inspira en el Artículo 47 de la Constitución Española, que versa sobre el derecho a una vivienda digna. “Una casa es mucho más que cuatro paredes”, aclaró la ministra, quien afirmó que con este instrumento el Ministerio quiere garantizar el derecho a una vivienda digna.

Asimismo, Rodríguez anunció que a pesar de que una sentencia del Tribunal Constitucional enmendó la prohibición de desamortizar el parque público de vivienda que incluía la Ley de Vivienda, han encontrado un subterfugio legal para que las viviendas de esta entidad no puedan ser desamortizadas y ser vendidas a terceros. “Todo lo que se promueva, desarrolle y construya con un fin público permanecerá al servicio del interés general”, proclamó.

Respecto al precio de estas viviendas, se fijará con criterios de asequibilidad y tendrá un tope por comunidades autónomas. De esta forma, ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio y no podrá estar por encima de los precios de mercado actuales.

“Por primera vez, el precio del alquiler se fija en base a lo que la ciudadanía puede pagar, y no en base a lo que ha costado construir”, aseveró Rodríguez, que explicó que las viviendas que alquilará este organismo serán un 38% más baratas que la media actual de la ciudad de Madrid y un 50% más baratas que la media de la ciudad de Málaga.

Sobre los beneficiaros de estas viviendas, señaló que podrán serlo todas las unidades familiares que reciban entre 2 y 8 veces Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone percibir entre 16.000 y 68.000 euros al año por unidad familiar, por lo que el 60% de los ciudadanos podrá optar a alquilar una vivienda de este tipo.

Asimismo, los contratos suscritos entre estos inquilinos y Casa 47 tendrán una duración de hasta 75 años. En primer lugar, se firmará un contrato de 14 años y este se irá prorrogando cada siete años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso.

VIVIENDAS DE SAREB

Por otra parte, Rodríguez explicó que la cartera de Casa 47 se nutre de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros Ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior.

Además, recordó que el Gobierno anunció en julio la transferencia de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad de albergar otras 55.000 viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Estas viviendas están en fase de ser transferidas y se irán poniendo a disposición de la ciudadanía paulatinamente.

Asimismo, recordó que, en los que va de año, la entidad ha redactado los proyectos de más de 1.600 viviendas distribuidas por todo el territorio de España y recordó que próximamente lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros para "seguir incrementando el parque público de vivienda".

También señaló que la entidad ha proyectado obras de "urbanización con un alto impacto" en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y próximamente en Málaga y Madrid, tan solo pendientes de aprobación municipal.

Por último, Rodríguez destacó que trabajarán con proveedores sociales de Vivienda para la ampliación del parque de vivienda de esta entidad estatal. También abrió la puerta a llegar a acuerdos con comunidades autónomas para la gestión de este parque, como el suscrito con Cataluña.