Su objetivo “fundamental” será trabajar sobre la problemática relacionada con la justicia penal en el ámbito de las drogodependencias, teniendo en cuenta todos los factores que “interseccionan” en las personas, incluyendo la salud mental y el género, tal y como precisó UNAD en un comunicado.

La comisión inició su actividad con una reunión celebrada esta semana en Barcelona en la que participaron una veintena de profesionales procedentes de la propia red UNAD y de la red catalana de drogodependencias que trabajan en justicia penal tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios y parte del posicionamiento de UNAD en esta materia, basado en el “profundo convencimiento” de que todas las personas “merecemos una oportunidad” y en la “creencia en las posibilidades de enmendar los caminos y vivir sin el delito siempre que se cuente con los apoyos necesarios”.

Tras juzgar “muy significativo” que la “mayoría” de las personas presas en Cataluña tienen problemas de drogodependencias, exclusión social y salud mental que les han “conducido” al encarcelamiento, a lo que hay que unir situaciones administrativas de inmigración irregular y discriminación por razones de género, la red consideró que abordar estas realidades requiere de “un gran compromiso de todas las administraciones públicas competentes" y de la participación "activa" de la sociedad civil.

En este contexto, UNAD mostró su “apoyo” a las entidades catalanas y recordó elementos “clave” en el respeto a derechos fundamentales de las personas presas como la igualdad de oportunidades en los tratamientos de adicciones y salud mental, la ampliación de las alternativas a prisión y el fomento de la justicia restaurativa como forma de resolución pacífica de conflictos.