"Con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes", estas entidades eclesiales aseguraron que llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en España. "Este proceso ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular", aseguraron en un comunicado conjunto.

Las entidades católicas subrayaron que esta ILP se encuentra "en un momento crucial", pues el próximo martes 9 de abril los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella.

"Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular", aseguraron en el comunicado.

Por todo ello, estas entidades eclesiales convocaron a los partidos políticos con representación parlamentaria "a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo, votando a favor de la toma en consideración de la ILP".

DIGNIDAD HUMANA

En esa línea se pronunció en su perfil social el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, que llamó a los diputados a "lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia" y que "la inmigración lo es". "Sería absurdo que se impidiera este debate", indicó.

"Estamos acostumbrándonos a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos, o de nombrar los desacuerdos. Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de 'regulación' de personas que viven aquí varios años. Todo, menos rechazar dialogar", aseveró.