Así lo precisaron en declaraciones a los medios de comunicación en las que puntualizaron que, a un mes de la finalización de la medida, “no existen planes de actuación urgente para evitar una previsible y nefasta ola de desahucios sin alternativas”, tal y como el Observatori DESCA, uno de los convocantes, explicó en un comunicado.

Las entidades advirtieron de que, si no se prorroga esta medida, a partir del 31 de diciembre “nos enfrentaremos a una emergencia habitacional sin precedentes, con una ola masiva de desahucios sin alternativa habitacional”, ya que actualmente la Administración “no ha desarrollado planes de actuación urgente” para garantizar el derecho a la vivienda de todas estas familias, “ni tampoco existen medidas alternativas a la moratoria del escudo social”.

Asimismo, las entidades convocantes destacaron el hecho de que estos cuatro años de moratoria “demuestran” que es “jurídicamente posible” diseñar e implementar medidas para evitar que se produzcan desahucios “sin alternativas dignas para situaciones de vulnerabilidad socioeconómica”, por lo que exigen que esta medida “se convierta en estructural”.

En paralelo, denunciaron que la norma tiene “algunos fallos” que “limitan” su rango de acción e indicaron que la “falta de claridad” en la definición de vulnerabilidad, la “arbitrariedad” de los jueces para aplicarla cuando debería ser suficiente un informe social y la “omisión de algunas casuísticas”, como la de las familias vulnerables que se han visto obligadas a ocupar una vivienda después de la pandemia o los de las inquilinas con contratos de renta antigua son “algunas de las causas que explican que solo uno de cada cuatro lanzamientos se suspenda”.

MILES DE CASOS

En este contexto, subrayaron que “hay miles de casos” de afectados con el “agravante” de que, aunque la propia regulación obliga a las Administraciones Públicas a realojar a las familias en situación de vulnerabilidad una vez suspendido su desahucio, “los datos confirman que solo se ofrecen medidas de alojamiento alternativo temporal en un 2% de los casos y tan solo se ofrecen viviendas sociales en un 3% de los mismos, según el Observatori DESCA 2024".

Como “propuesta de mínimos” las entidades urgen a que se prorrogue el “tiempo suficiente” para diseñar e implementar un plan de actuación “urgente” que permita asegurar el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno de todas las familias vulnerables con desahucios pendientes.

Y ello, a través de la puesta en marcha, entre otras, de fondos suficientes vinculados al Plan Estatal de Vivienda, el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la Sareb, “especialmente” ante el anuncio de la venta “inminente” de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.

Las organizaciones, que han firmado un manifiesto conjunto, piden a los grupos parlamentarios un “compromiso inequívoco con el derecho a la vivienda” para evitar situaciones como la que ocurrió hace justo un año, cuando los “equilibrios parlamentarios pusieron en peligro la continuidad de la norma”, que, a su juicio, finalmente consiguió salir adelante “gracias a las movilizaciones de la sociedad civil".

El escrito, firmado inicialmente por más de 25 entidades, se envió este martes a cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso que votaron a favor de la continuidad de la medida en 2024, esto es Grupo socialista, Plurinacional-Sumar, Republicano, Junts, Bildu, EAJ-PNV, y también al PP.

RONDA DE CONTACTOS

Por último, las entidades anunciaron que, “en breve”, iniciarán una ronda de contactos con los diferentes grupos para conocer su postura al respecto, exigiendo que “se sitúen del lado de la defensa del derecho a la vivienda de las familias vulnerables”.

Las entidades firmantes son Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Sindicato de Inquilinas de Madrid, Sindicat de Llogateres de Catalunya, Amnistía Internacional España, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, Facua-Consumidores en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Red Acoge, UGT, CCOO, Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, CEAR, Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Plataforma Luz para Cañada Real, Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Observatori DESCA, El Rogle Cooperativa Valenciana, Plataforma Cívica de apoyo a la lucha por la luz en Cañada Real, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, Entrebarris, Irídia–Centre per la defensa dels drets humans, Revo Prosperidad Sostenible, La Garbancita Ecológica, Asociación Multicultural de Mazagón (Huelva) y Senda de Cuidados (Madrid).