Así se pone de manifiesto en el informe ‘El derecho a tener derechos. Cuando el empadronamiento se vuelve trinchera’ elaborado durante el 2025 por la entidad sobre las barreras en el acceso al empadronamiento en España, presentado este viernes en Madrid con motivo del Día Internacional por la Justicia Social.

El documento recuerda que miles de personas -sobre todo migrantes en situación vulnerable- enfrentan barreras “ilegales y sistemáticas” para empadronarse en España, pese a que la ley establece que “toda persona residente tiene derecho y obligación de figurar en el padrón, independientemente de su situación administrativa o tipo de vivienda”.

El informe denuncia el “racismo institucional” y las políticas de “control migratorio restrictivas” existentes, ya que la documentación administrativa se utiliza como “herramienta de segregación” de los migrantes y perpetúa el miedo y la clandestinidad de los trámites administrativos.

Asimismo, el documento advierte de que estas prácticas solo podrán revertirse con un mayor compromiso público y mecanismos de vigilancia, subrayando la necesidad de un “mayor compromiso institucional y un refuerzo de los mecanismos de supervisión y sanción”.

De este modo, además de reclamar que se ponga en marcha un observatorio nacional del empadronamiento para garantizar el derecho de los migrantes, el informe también subraya que hay soluciones “exitosas” que demuestran que se puede garantizar el derecho.

En concreto, el documento muestra ejemplos de buenas practicas para ello que se han llevado a cabo en municipios españoles. Algunas de estas acciones son oficinas móviles para empadronar en asentamientos o el uso generalizado de informes de los servicios sociales que acrediten la residencia de los migrantes.

Igualmente, la introducción de domicilios administrativos para personas sin hogar o en infraviviendas es un ejemplo de políticas inclusivas que garantizan derechos y, al mismo tiempo, facilitan la gestión de datos reales de población.

La Coordinadora Padrón pro-Derecho reivindicó que estas buenas prácticas demuestran que “no hay impedimento real para empadronar a quien vive sin contrato de alquiler o en situación habitacional irregular”.

Además de todo lo anterior, el informe también denuncia que la falta de padrón vulnera múltiples derechos fundamentales como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, las ayudas sociales, la protección jurídica de las personas y la regularización administrativa de migrantes, que quedan bloqueados cuando no existe inscripción en el padrón.

Junto a la creación de un observatorio nacional de empadronamiento, la entidad urge a reforzar la supervisión y sanción de las administraciones en su aplicación de la ley, para lo cual también se proponen mecanismos de control en general, instrucciones claras y penalizaciones frente a los incumplimientos “sistemáticos” de la ley en esta materia.

La presentación del informe este viernes en Madrid estuvo a cargo de representantes de la Coordinadora Padrón por Derecho de Madrid, Galicia, Cataluña, Huelva y Valencia, quienes abordaron los principales impedimentos encontrados en municipios de todo el territorio, así como las consecuencias de la falta de acceso al empadronamiento y las conclusiones del documento.