El decreto tiene por objeto, además de regular el procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad, estableer nuevos baremos y determinar los órganos competentes para realizar dicho reconocimiento.

Dichos baremos han sido elaborados por los profesionales del área de valoración del Imserso, especialistas de facultades de Medicina y responsables de valoración de las comunidades autónomas, entre otros expertos. Asimismo, se han tenido en cuenta los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para garantizar la uniformidad en los criterios de aplicación de los baremos, se crea una Comisión Esttal que estará formada por representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los órganos correspondientes de las comunidades autónomas a las que hubieran sido transferidas las funciones para la valoración del grado de discapacidad.

La calificación del grado de minusvalía tendrá en cuenta tanto las discapacidades que presente la persona como los factores sociales complementarios relativos a su entorno familiar y su situación laboral, educativa y cultural que hagan más difícil su integracón en la sociedad.

Este real decreto también regula el procedimiento para establecer el grado de minusvalía y su posterior revisión, así como la reclamación que pueda interponer el interesado contra la resolución negativa de su grado de discapacidad.