En concreto, según indica el partido de Oriol Junqueras en una nota, este organismo insta al Estado a que "investigue, procese e imponga las sanciones adecuadas", así como a tomar "medidas efectivas" para evitar que hechos como estos se repitan.

Así lo expresa una resolución del relator especial sobre cuestiones de las minorías, la relatora especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

La resolución responde a una comunicación a Naciones Unidas efectuada desde Ginebra por la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, en nombre de las víctimas de los republicanos y en coordinación con el resto de organizaciones afectadas por el citado caso de espionaje.

En la resolución, la ONU expresa una "preocupación muy seria" por este “programa de espionaje extenso y bien coordinado” sobre activistas y figuras públicas independentistas, y denuncia que el espionaje masivo vulneró el derecho “a reunirse pacíficamente y participar en asociaciones”, a “tener vida privada y privacidad en la correspondencia” y a “ser iguales ante la ley”, y puso en peligro “el derecho a la libertad de opinión y expresión” en Cataluña.

La resolución recoge el espionaje efectuado sobre varios miembros de Esquerra Republicana, como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès; la consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret; la propia Marta Rovira o los eurodiputados republicanos Jordi Solé y Diana Riba, entre otros.

Además, la ONU subraya la gravedad de que una de las víctimas fuera el abogado Andreu Van den Eynde, y lo califica de “ataque a la independencia de los abogados y defensores de derechos humanos”. Por todo ello, reclama al Estado que aclare las conexiones entre el espionaje y las autoridades españolas y le pide que tome medidas.

ERC asegura que seguirá exigiendo al Gobierno que sea transparente sobre qué entidades gubernamentales utilizaron Pegasus para espiar, que asuma las responsabilidades pertinentes y que garantice que hechos como éstos no vuelvan a producirse. Además, le reclama que repare a las víctimas, tal como pide Naciones Unidas.

Los republicanos también esperan que esta resolución impulse a la justicia española a dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas y lleve a cabo una investigación efectiva de los casos de espionaje denunciados.