En sus conclusiones, ERC pone el foco en que el Estado “no ha garantizado plenamente el derecho a la verdad de las víctimas y de la ciudadanía, la coordinación entre los organismos responsables de la seguridad fue insuficiente” y dice que “existen indicios de una actuación negligente en la gestión de la información disponible sobre Abdelbaki Es Satty antes de los atentados”.

Después de meses de comparecencias y trabajo parlamentario, la comisión de investigación en el Congreso “ha acreditado que Es Satty”, el imán de Ripoll considerado cerebro de los atentados, “mantuvo contactos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una información que no fue compartida con los Mossos d'Esquadra antes de los atentados”.

“A pesar de que no se ha podido acreditar que los servicios de inteligencia conocieran directamente la preparación concreta de los ataques, las conclusiones apuntan que los organismos del Estado disponían de elementos suficientes para considerar a Es Satty una persona susceptible de un seguimiento y una evaluación mucho más rigurosa”, añade ERC.

Para este partido, se trata de una constatación política “de gran trascendencia”. La comisión de investigación concluye que “la carencia de monitorización adecuada y la no transmisión de información relevante a los Mossos d'Esquadra constituyen un ‘fallo institucional grave’ que obliga a exigir responsabilidades políticas y a impulsar reformas estructurales para que una situación similar no se pueda repetir”.

SECRETO Y VÍCTIMAS

Las conclusiones también evidencian que el secreto oficial “ha impedido aclarar aspectos esenciales de la relación entre Es Satty y el CNI”. Por este motivo, ERC reclama la desclasificación completa de toda la documentación existente sobre los contactos, comunicaciones, informes y valoraciones relativas al imán de Ripoll.

A su vez, ERC destaca que la investigación parlamentaria también ha servido para “confirmar que la compartimentación de la información entre organismos de seguridad limitó la capacidad de prevención y anticipación ante una amenaza terrorista que finalmente causó dieciséis víctimas mortales y décimas de personas heridas”.

En relación con las víctimas, ERC denuncia que “la respuesta institucional recibida durante estos años ha sido insuficiente y poco transparente”, y defiende que “la reparación tiene que ir mucho más allá de las indemnizaciones económicas”. Por eso, una de las conclusiones políticas es reclamar una “política integral de apoyo a las víctimas basada en el acceso a la información, el acompañamiento psicológico y jurídico, el reconocimiento institucional y las garantías de no repetición”.

“Las víctimas tienen derecho a saber qué pasó. La sociedad catalana tiene derecho a saber qué falló. Y las instituciones tienen la obligación democrática de explicarlo a pesar de reformar aquello que no funcionó”, concluye ERC.